El Consejo de Ministros ha acordado en su nuevo decreto con medidas sociales y sanitarias a implementar tras la finalización del Estado de Alarma que se siga permitiéndose a los profesionales sanitarios jubilados incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas,, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir.
“La necesidad de personal sanitario continúa siendo una realidad mientras se prolongue la situación de crisis sanitaria, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho personal”, explica el acuerdo del Consejo de Ministros.
Sociedades laborales
Otra medida socioeconómica que se ha adoptado es la prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo. El objetivo de esta medida es minimizar los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición.
Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
Medidas sociales
La norma aprobada contempla que el plazo actual de garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables y el bono social a sus perceptores se amplía hasta el 9 de agosto.
Las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda se mantendrán hasta esa misma fecha, entre ellas la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, o la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económicamente y socialmente de su vivienda habitual.
La consideración como servicios esenciales de los servicios públicos para víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres se prolonga otros tres meses, y se faculta a las comunidades y ciudades autónomas a que destinen los fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a sus propios programas al respecto.
Las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal no tendrán obligación de ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2021, aunque se establece y regula la posibilidad de celebrarlas con carácter no presencial cumpliendo con determinados requisitos.
Otras medidas relativas al ámbito sanitario son las relativas al control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España, para detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19, y la prórroga de la posibilidad de contar con profesionales sanitarios jubilados durante la pandemia, garantizando la compatibilidad de sus pensiones.
Capacidad de decisión de las comunidades autónomas
La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que, tras finalizar el periodo excepcional que supone el estado de alarma, el marco legislativo sanitario sigue permitiendo a las comunidades autónomas dar respuesta a la pandemia y tomar decisiones de protección, incluso aquellas que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, con la autorización o ratificación judicial correspondiente de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.
Respecto a estas decisiones judiciales, con el objetivo de que se aplique de forma uniforme la legislación en todo el territorio nacional, el Real Decreto-ley aprobado hoy introduce, como novedad, la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que establezca jurisprudencia. El procedimiento será ágil, sencillo y preferente.
La vicepresidenta ha agradecido a jueces y tribunales “su contribución, en la parte que les corresponde, para proteger la sanidad de nuestros compatriotas”.
