Un total 17 entidades y asociaciones de Castilla-La Mancha y estatales abajo firmantes solicitan una moratoria inmediata a la instalación de nuevas plantas de energías renovables de grandes dimensiones en España.
Esta iniciativa también se ha desarrollado en otras comunidades autónomas y está auspiciada por la Alianza Energética y Territorio (Aliente), que agrupa a más de 135 entidades y asociaciones de todo el estado.
En test caso los firmanes son ACEM (Asociación Conservación Ecosistemas de la Manchuela), ADEPRU: Defensa del Paisaje Protegido Valle del Río Ungría, ÁLULA, Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y el anillamiento científico de aves, Asociación DALMA, Ecologistas en Acción Ciudad Real, Ecologistas en Acción Guadalajara, Fundación Global Nature, La Avutarda dientes de Sable, Plataforma contra el mega parque solar de Anguita y Aguilar, CEBIME
Revivaz, Plataforma por una Transición Ecológica Justa, Pueblos Vivos Cuenca, Río Tajo Vivo, Salvemos los Campos, Sociedad albacetense de Ornitología (SAO), Valderrey Pueblo Unido
La Alizanda denuncia que hay una “avalancha de las grandes empresas eléctricas y grupos de inversión, promoviendo macro proyectos de forma masiva por toda la región y que pretenden ocupar tierras fértiles o de gran valor ambiental en vez de las cubiertas y y el suelo cercano a las zonas urbanas e industriales como correspondería a estas tecnologías”.
A su juicio, estas propuestas se están realizando de forma desordenada “y supondrían la ocupación y deterioro de grandes extensiones de áreas de cultivo, pastizales, bosques, dehesas y estepas naturales de gran importancia y amenazan a poblaciones de aves, quirópteros (murciélagos, ..), zonas ZEPA y al patrimonio cultural y paisajístico de los territorios”.
Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor potencia solar instalada de España y Aliente considera que eso se debe ” por la ausencia de una legislación ambiental más desarrollada con la que sí que cuentan otras comunidades autónomas, así como de directrices de obligado cumplimiento para zonificar terrenos no aptos para estas instalaciones”.
Los firmante selañan que “la infraestructura eléctrica accesoria, como subestaciones, líneas de alta tensión para la evacuación y transporte de la electricidad y demás proyectos de interconexión eléctrica transfronterizos, aumentan el impacto sobre el paisaje, las poblaciones y los ecosistemas” y que dichas instalaciones supondrían, junto con la la pérdida de tierra que siempre -y ahora más que nunca- es un valor de futuro y que implicaría de forma directa la expulsión y pérdida de actividad agro-ganadera, el modelo de macroplantas nos llevaría a una nula creación de empleo y economía de calidad en el sector secundario y por lo tanto fomentarían el despoblamiento y el desequilibrio estructural de nuestro territorio. La propia Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), aboga por un modelo distribuido, por su mayor eficiencia, justicia social y su mayor creación de empleo, especialmente local”.
Por otra parte este modelo de macroinstalaciones y distribución ampliada “conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo que supondrían a la larga un mayor y totalmente contradictorio deterioro ambiental”.
Y finalmente, pero no menos importante, como muestra la subida incontrolada y muy cuestionada y cuestionable de la factura eléctrica del último mes, estas macroplantas parecen estar diseñadas por y para mantener el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión, cuyos servicios han generado históricamente y hasta el momento un grave problema de carestía, pobreza energética y descontrol tarifario.
Por todo esto, “consideramos imprescindible esta Moratoria que paralice la autorización de mega parques fotovoltaicos, hasta que nos dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos”, explica.
“Necesitamos que el nuevo modelo energético sea compatible y fomente la protección del paisaje, la biodiversidad, las actividades agrícolas, y en definitiva el clima, la naturaleza y la calidad de toda la ciudadanía y la vida de nuestros pueblos”, concluye Aliente.
Entidades que Suscriben:
