El diputado regional por Cuenca, Benjamín Prieto ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha un mayor control de las antenas de telefonía móvil en Castilla-La Mancha, al tiempo que desde el ejecutivo de Page “se garantice la cobertura de calidad a todos los municipios”. “Debe existir una información previa a la instalación de estaciones base de telefonía móvil y participación activa de los ciudadanos en el ámbito local, buscando una minimización de los impactos paisajísticos y ambientales en el medio rural y urbano”, ha añadido.
Prieto ha recordado que “el Gobierno Regional tiene competencias definidas en esta materia y debe ser el encargado en el establecimiento de un mapa radioeléctrico urbano que refleje el conjunto de emisiones. Asimismo, convendría la creación de una entidad de inspección y seguimiento de las estaciones base después de sus instalaciones, hecho éste que venimos reivindicando desde el Grupo Popular”.
También ha recalcado la conveniencia de que exista “una base de datos pública, como el registro de todas las estaciones y sus emisiones acompañadas de la realización de campañas de información y educación sobre los riesgos de contaminación electromagnética. Cualquier estación de telefonía móvil debe cumplir con la Evaluación de Impacto de Salud, recogida en la Ley de Salud Pública (Ley 33/2011)”, ha insistido Benjamín Prieto.
Además ha pedido a Page y su gobierno la realización de “estudios epidemiológicos en colectivos de riesgo posiblemente afectados por la contaminación electromagnética de antenas de telefonía móvil, con una mayor exigencia por parte de la Administración en la normativa y determinación de las zonas de instalación de esas antenas”.
Por último, Prieto ha propuesto la creación de una “Ley de Protección Contra el Ruido, Vibraciones y Contaminación Electromagnética, para evitar el crecimiento y proliferación caótica de estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones en nuestra región, que ha supuesto la instalación descontrolada de estas redes radioeléctricas. Así lo ha reconocido el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) europeo”. “El acceso a las telecomunicaciones es imprescindible, pero se hace preciso hacerlo con las debidas garantías de calidad y sanitarias; las dos competencias son del Gobierno Regional. Ello contribuiría a reducir la brecha digital y a garantizar el bienestar de los castellanomanchegos”, ha concluido.
