El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para Educación y Administración General correspondiente al ejercicio 2021, con 1.547 plazas, que, sumadas a las aprobadas desde 2016 ascienden a un total de 15.751, lo que supone una media anual de más de 2.600 plazas con las que se persigue mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan mediante “un empleo público de calidad y estable”.
Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, para informar de los acuerdos alcanzados hoy en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Ruiz Molina ha detallado que, del total de plazas, 774 son de Administración General, que, a su vez, se dividen en 503 plazas para personal funcionario y 271 para personal laboral; mientras que las 773 plazas restantes son para el sector educativo. Asimismo, ha explicado que 1.302 plazas son de nuevo ingreso y 245 de promoción interna.
El consejero también ha indicado que en este montante están incluidas las plazas reservadas a personas con discapacidad, que, como en todas las ofertas de empleo público que ha aprobado el Ejecutivo autonómico, ascienden al 7% del total, es decir, 111 plazas, y tienen el objetivo de “fomentar su inclusión laboral y social”. Esta reserva del 7% se divide, a su vez, en un 5% para ser cubiertas por personas con discapacidad general, lo que supone 80 plazas; y el 2% restante se reserva para personas con discapacidad intelectual, lo que se traduce en 31 plazas.
En cuanto a los procesos selectivos, Ruiz Molina ha señalado que en todos los sectores se convocarán mediante el sistema de concurso-oposición y ha precisado que a la Oferta de Empleo Público de 2021 de Administración General se sumarán las plazas que se aprueben en la oferta del 2022, de tal forma que puedan desarrollarse en un único proceso selectivo en 2023.
Por su parte, en el ámbito educativo, ha dicho que el próximo año se convocarán 1.175 plazas (773 de la OEP de 2021 y 402 correspondientes a 2020), siguiendo el calendario de Educación, y ha recordado que aún está pendiente la OEP de Sanidad, que está previsto que se apruebe “a lo largo de los próximos meses”.
Se agotan los límites establecidos en la legislación básica del Estado para la incorporación de nuevo personal
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho hincapié en que para aprobar este número de plazas “hemos agotado todos los límites establecidos en la legislación básica del Estado para la incorporación de nuevo personal en las administraciones públicas, es decir, lo que marcan los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que son los que están actualmente en vigor”.
De acuerdo con esta normativa, ha continuado, “las plazas aprobadas se han calculado en base a la tasa de reposición, que está destinada a cubrir las bajas que se producen a lo largo del año, principalmente por la jubilación del personal, incrementadas en un 10%, que es el porcentaje máximo que nos permite la legislación estatal”.
Además, ha recalcado que la oferta ha sido negociada con los representantes de los trabajadores y trabajadoras en las sucesivas mesas que se han venido celebrando en las últimas semanas y ratificada en la Mesa General de Negociación del personal empleado público “sin votos en contra”.
Procesos selectivos en marcha
Ruiz Molina también se ha referido a los procesos selectivos que están actualmente en marcha en los tres sectores. En concreto, en Administración General ha recordado que se han convocado las pruebas selectivas para cubrir 1.583 plazas, de las que 1.518 corresponden a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020 y las 65 restantes, al turno independiente para personas con discapacidad intelectual de las OEP de entre 2017 y 2020.
Y ha destacado que este proceso independiente contará con temarios y pruebas adaptadas y será posible “gracias a la decisión que adoptamos en 2019 de modificar la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la función pública”.
El consejero también ha señalado que ya ha concluido el plazo de presentación de solicitudes por parte de los aspirantes a participar en estos procesos selectivos -para los que se han recibido más de 67.500 solicitudes-, y ha especificado que se espera que las pruebas se inicien a finales de septiembre o principios de octubre.
Además, en el ámbito educativo, durante este mes de junio se están celebrando las oposiciones para cubrir 1.207 plazas de Enseñanzas Medias, cuyas pruebas comenzaron el pasado sábado, día 19, y está previsto que finalicen el próximo 31 de julio.
Y en el ámbito del Sescam, actualmente están convocados los procesos selectivos de un total de 54 categorías profesionales de las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018 y ha matizado que faltarían por convocar las pruebas selectivas de ocho categorías para completar las OEP correspondientes a esos años.
Ruiz Molina
Cumplimos el compromiso de aprobar todos los años una OEP”
“En consecuencia, seguimos cumpliendo el compromiso del presidente García Page de aprobar todos los años una OEP en todos los sectores y que supone ejecutar al 100% los planes de impulso a los servicios públicos que venimos desarrollando desde la anterior legislatura”, ha asegurado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según Ruiz Molina, “este importante número de plazas pone de manifiesto dos aspectos importantes en la gestión de Emiliano García-Page al frente de Castilla-La Mancha: que la pandemia no iba a ser excusa para no cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía y que tomaremos todas las medidas que estén en nuestras manos para reactivar la región, para que la ciudadanía castellano-manchega cuente con oportunidades y esperanza en el progreso y futuro de nuestra tierra”.
Asimismo, el consejero ha insistido en que los objetivos de las sucesivas ofertas de empleo público son mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan; blindar las plantillas; reducir la tasa de interinidad; dar oportunidades de promoción interna al personal empleado público, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración regional.
