El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado la apuesta que supone el anteproyecto de la nueva Ley de Formación Profesional por un modelo único e integrado que pone en el centro a las personas, y preparado para dar respuesta a las necesidades inmediatas del mercado laboral.
Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la Conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo que se ha celebrado esta tarde en el Ministerio de Educación, y que ha estado presidida por la ministra de Educación, Pilar Alegría.
La consejera ha agradecido a la exministra Isabel Celaá y a todo su equipo el trabajo para avanzar hacia un modelo de FP integrado, y ha trasladado la enhorabuena del Gobierno de Castilla-La Mancha a la nueva ministra, Pilar Alegría, a quien ha hecho llegar la lealtad institucional y el compromiso del Ejecutivo autonómico para continuar trabajando de manera conjunta en el marco de esta ley. Patricia Franco ha reconocido que Castilla-La Mancha se siente “muy cómoda” con el texto del anteproyecto de Ley, que encamina la Formación Profesional hacia un modelo único que también supone la apuesta del Ejecutivo regional.
“Necesitamos un sistema de FP único, integrado y flexible, que sea capaz de identificar y responder de manera inmediata a las necesidades del mercado laboral, y que lo haga poniendo en el centro de sus acciones siempre a la persona”, ha señalado Patricia Franco, que ha reconocido el compromiso por el refuerzo de los programas de FP Dual, “que combinan la formación con la experiencia laboral, y ha apostado por encaminar la FP hacían un modelo modular que apueste también por la internacionalización”.
Tenidas en cuenta las aportaciones de Castilla-La Mancha
Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la ministra haya recogido el guante y tenido en cuenta las aportaciones que Castilla-La Mancha ha elevado como alegaciones para el texto en su trayecto final, como la necesidad de ampliar el ámbito de los Certificados de Profesionalidad desde los 16 años o la implementación de un lenguaje más inclusivo, que dé cabida en toda su extensión a todos aquellos actores que intervienen de forma directa en la Formación Profesional, incluyendo la formación continua no asociada al catálogo bajo una nueva denominación, y al personal formador en su conjunto.
Además, Patricia Franco ha agradecido que el texto recoja también la creación de un Registro Central de Entidades que ordene y recopile la oferta de FP en el conjunto del Estado, y que facilite el desarrollo de un mapa de oferta disponible en el que se pueda acceder de manera ágil a los itinerarios y convocatorias de formación, además de ser un patrón para la identificación de las necesidades formativas.
En este sentido, la consejera ha remarcado la importancia de dotar al nuevo sistema de FP “de la agilidad suficiente para adaptarse rápidamente a las demandas del tejido empresarial”, para que las inversiones en el ámbito educativo puedan dar respuesta a esas necesidades cambiantes del mercado de trabajo, como sucede en la actualidad en sectores tradicionales como la soldadura, la metalmecánica o la electrónica, que demandan mano de obra cualificada.
“Tenemos el reto de formar a los profesionales del futuro y del presente, y hacerlo en materias fundamentales para el desarrollo de nuestra economía como son la digitalización y la economía circular”, ha indicado la consejera, que ha puesto sobre la mesa el reto que va a suponer para el nuevo sistema de FP la inversión de la pirámide tradicional, ya que en el año 2030 se estima que el 65 por ciento de las ofertas de empleo requieran cualificaciones medias, muy por encima de aquellas que demandarán una alta cualificación.
En este desafío hay que integrar además las líneas vertebradoras que se dibujan en el escenario del Plan España Puede, que identifica las necesidades de mejorar las oportunidades de mujeres y jóvenes, especialmente de los espacios rurales, para vertebrar y cohesionar los territorios; así como el reto de recualificar a las personas trabajadoras de más edad que han sido expulsadas del mercado de trabajo.
“Todo ello”, ha dicho la consejera, “debe abordarse sin perder de vista la perspectiva laboral, con una conexión directa entre la Formación Profesional y la orientación laboral”, para lo cual es necesario “el trabajo en red de las comunidades autónomas y del Estado, y también de los centros públicos y privados, por lo que necesitamos mecanismos esenciales de coordinación para desarrollar de manera efectiva esta estrategia”. El Estado cuenta, ha señalado, “con todo el compromiso de Castilla-La Mancha para continuar trabajando en este sentido”.
Castilla-La Mancha introduce propuestas al anteproyecto de Ley de Formación Profesional
