El Ayuntamiento de Cuenca ha puesto en manos jurídicas si penaliza con la prohibición de contratar con esta administración a algunas de las empresas que pujaron por la gestión del bar-quiosco del Júcar pero retiraron después su oferta con el posible interés de forzar que el procedimiento quedara desierto, como finalmente ocurrió.
El asunto fue llevado esta semana al Pleno del Ayuntamiento por los grupos municipales de Cuenca, en Marcha! y Ciudadanos. La concejala de Seguridad Ciudadana, Personal, Régimen Interior y Coordinación Institucional, Saray Portillo, fue la encargada de relatar lo ocurrido para que este último verano no se pudiera abrir este quiosco de titularidad municipal.
En el Pleno que en 2019 expiró el contrato de adjudicación del quiosco, pero la mercantil que había tenido la concesión durante los años anteriores siguió explotando esta instalación y pagando el canon correspondiente pese a que no se nunca se formalizó una renovación.
En 2020 la Junta de Gobierno, a propuesta del servicio de Patrimonio, adjudicó directamente a esta empresa el quiosco únicamente para la temporada veraniega de ese año, por considerar que era de interés público “y que, por motivos de la pandemia, no había sido posible licitar un nuevo contrato”.
Portillo explicó en la sesión que hasta el mes de marzo de 2021 no estuvo listo el informe técnico que debía servir para la nueva licitación. Llegó mayo y, como la temporada veraniega ya estaba encima, se propuso sacar una licitación por una temporada veraniega y dejar para más adelante un concesión de mayor duración, concretamente por diez años. Sin embargo, en esta ocasión los servicios jurídicos advierten que no era posible volver a adjudicar directamente la concesión como se había hecho el verano anterior, “sino que había que hacer un procedimiento que respetara la libre concurrencia”.
La mejor oferta puso sobre la mesa un canon de 15.000 euros, 13.000 euros más que el tipo de licitación
La Junta de Gobierno Local aprobó una licitación de cinco meses por procedimiento abierto en el mes de junio y con la propuesta económica más ventajosa como criterio único de adjudicación. Se presentaron 14 ofertas y la mejor fue la de un licitador que puso sobre la mesa un canon de 15.000 euros, cuando el tipo de licitación con el que se inició el concurso era de 2.055 euros.
¿Qué pasó entonces? Saray Portillo explica que, sucesivamente, se fue exigiendo documentación a los licitadores que fueron propuestos sucesivamente para la adjudicación “y ninguno de ellos las ha presentado”, lo que se interpreta como una retirada de la oferta. El servicio de Patrimonio ha emitido un informe en el que deja entrever que ha podido producirse por parte de los licitadores una conducta colusoria, para bloquear la libre competencia y “con el ánimo de bloquear la contratación y que finalmente quedase desierta”, como finalmente ocurrió.
El asunto ha sido trasladado a los asesores jurídicos, que podrían reclamar una compensación económica a algunos de estos licitadores, que además se enfrentan a la posibilidad de una prohibición de contratar con el Ayuntamiento.
