Izquierda Unida en la capital ha registrado un escrito de alegaciones contra la cesión por parte del Ayuntamiento de un inmueble a la CEOE para la ubicación de su futura sede. El inmueble es el situado en la Ronda Oeste, en Villa Luz, detrás de los nuevos juzgados, y que se encuentra a medias de construir tras el fallido convenio con el Ministerio de Trabajo en 2007.
Para IU, esta operación “no significa ni más ni menos que el pago con el que el PSOE de Cuenca quiere compensar a la CEOE por haber ejercido desde el verano de mamporrera del Ministerio de Transportes en el cierre de la línea de ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia. La patronal ha lanzado el debate público para proteger al PSOE de las críticas que sabían que recibirían ante una propuesta tan descabellada, y ahora hay que compensarles por los servicios prestados”, afirman.
Según informa la formación de izquierdas, existe un Informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, del año 2011 (cuando la CEOE pretendía crear junto a este edificio un centro de formación) que imposibilitaría cualquier cesión del patrimonio municipal a una entidad no pública, como la patronal, a pesar de que esta no tenga ánimo de lucro.
Izquierda Unida considera que “la CEOE puede acceder al Patrimonio Sindical que el Ministerio de Trabajo tiene en cantidad suficiente en Cuenca para garantizarse una sede, sin necesidad de recurrir a esta cesión”. Y señalan el camino que se ha seguido “con otros agentes sociales como los sindicatos, para los cuales –consideran- este trato podría ser discriminatorio”. En cualquier caso, IU señala que al Ayuntamiento “le convendría más una permuta, como en 2007, por la cual Cuenca reciba algo a cambio de verdad, y no el uso de unas aulas, como si no tuviera aulas el Ayuntamiento ya”, considerando “ridícula” la propuesta de la Patronal.
En última instancia, desde IU señalan que “nos encontramos ante un expediente incompleto, puesto que falta un informe que debía haber emitido la Gerencia de Urbanismo y que no figura en el expediente, y porque no se concreta ni el valor de los bienes que pierde el Ayuntamiento, ni si se trata de una cesión de propiedad o de uso”. En ese sentido señalan que “la posibilidad de cesión a 99 años, que figura en el expediente, debería ser aclarada por las partes implicadas”.
