El pleno de la comisión sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se ha reunido en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) bajo la dirección de su presidente y rector de la UCLM, Julián Garde López-Brea, para abordar los retos que afronta el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y las medidas urgentes que hay que tomar para evitar la paralización de la investigación y la transferencia de las universidades.
Durante el encuentro, Garde López-Brea ha lamentado “la falta de coordinación” que, pese a las advertencias de Crue, se ha producido entre los ministerios y ha reclamado una solución “vinculante y con validez jurídica” que despeje la incertidumbre que se vive ahora mismo en las universidades.
El comunicado aprobado por el pleno de Crue I+D+i recuerda que la Reforma Laboral, cuyo objetivo de reducción de la temporalidad comparte toda la comunidad universitaria, entró en vigor sin contemplar las implicaciones que la eliminación de la modalidad de contrato por obra y servicio podía tener en las actividades de investigación. En la declaración se destaca que, aunque la solución ya está contemplada en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, esta no ha sido aprobada aún y sigue sin ofrecerse una solución real hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, en cuyo texto figura el contrato por actividades científico-técnicas. En este sentido, se pide que “se proporcione a los responsables de las instituciones universitarias un entorno de seguridad jurídica, con la emisión de un dictamen o resolución oficial vinculante y con validez jurídica, que reduzca la incertidumbre actual que está soportando el sistema para poder realizar la planificación de la contratación indefinida y de los costes de la misma”.
En el documento se realiza un último llamamiento al Gobierno de España a la reconsideración de “una modalidad de contrato acorde a la especificidad de las actividades de investigación y transferencia ante la posible paralización del sistema” y se solicita que “se tengan en cuenta las propuestas de Crue durante la tramitación parlamentaria de la Ley de la Ciencia, para que esta cumpla su objetivo”.
Para terminar, el texto demanda “un incremento estable y creciente de la financiación pública hasta alcanzar la media de la UE, 2,2 %, alertando que en el caso de España, se espera que se sitúe en torno al 1,25 % del PIB en el 2030” e insta a “la introducción de una cultura basada en la confianza y la rendición de cuentas que permita simplificar la excesiva carga burocrática que sufren los equipos de investigación, con una transformación legislativa que lleve a un modelo similar a los países europeos del entorno, y permita a los investigadores centrarse en el trabajo de mayor valor añadido”.
