La responsable del Área de Mujer de Izquierda Unida Castilla-La Mancha reclama el incumplimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que reconoce “a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación, con independencia del lugar donde residan”.
Isabel Álvarez lo solicita porque en la región está instalado un modelo que sigue impidiendo que los servicios incluidos en la cartera del Sescam se implementen de forma completa, como es el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla-La Mancha. De hecho, “Toledo, Cuenca y Guadalajara son tres de las 12 provincias españolas en las que no se ha practicado ningún aborto en los últimos cinco años”, situación debida a que esta prestación sanitaria no es cubierta ni por clínicas privadas ni por la Sanidad Pública. La también vicecoordinadora regional de Izquierda Unida asegura que “la interrupción voluntaria del embarazo sólo se practica en dos clínicas concertadas, una en la localidad ciudadrealeña de Miguelturra y otra en Albacete”.
Por ello, “las mujeres residentes en Toledo, Cuenca o Guadalajara sólo pueden abortar en dichos centros o trasladándose a Comunidades Autónomas vecinas”, eso a pesar de que la interrupción del embarazo es un derecho desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva que la reconoce como una prestación sanitaria obligatoria que debe estar contemplada en el Sistema Nacional de Salud. Así, aprecia Isabel Álvarez que “de las 3.186 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en 2019, sólo cinco fueron realizadas en el sistema público, donde se ampara de forma consentida una objeción de conciencia en los profesionales”, lo que resulta inadmisible en la Administración que gestiona derechos para la ciudadanía.
Por ello, la responsable del Área de Mujer de Castilla-La Mancha de Izquierda Unida Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno regional “vulnera los derechos de las mujeres que quieren abortar, ya que la ley recoge claramente que la prestación debe estar incluida en la cartera de servicios sanitarios de la región”. En este ámbito, Izquierda Unida lleva años exigiendo que la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo se garantizara a través de la red sanitaria pública, para lo que es necesario una regulación de la objeción de conciencia que precisara sus límites y que no pudiera ser invocada de forma colectiva por los centros sanitarios. De esta forma se garantizaría que todos los centros públicos dispusieran de los equipos necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, de forma que la objeción de conciencia de los profesionales no fuera un impedimento para el acceso de la mujer a una IVE como está sucediendo.
