La coalición político empresarial promotora del cierre de la línea Madrid-Cuenca-Valencia es poderosa, tiene prisa y actúa sin reparo. Dominada por el PSOE, que detenta el poder en la administración estatal, regional, provincial y local, cuenta con el apoyo de empresas públicas de infraestructuras y las privadas del sector de la construcción, de transportes y de residuos.
Todas estas instituciones y empresas son partidarias de acabar con la línea férrea, como servicio público que beneficia a pueblos de zonas despobladas, y tienen interés en persuadir a la ciudadanía de que el ferrocarril convencional no tiene futuro.
La fuerza de la coalición reside en que sus integrantes comparten la creencia de que los cuantiosos fondos existentes se dediquen, en vez de a modernizar el ferrocarril, a otras pretendidas oportunidades de negocio.
La debilidad de la poderosa coalición radica en sus fracasos. Por desgracia, quienes la integran tienen un largo historial de fiascos en sus inversiones, que acabamos pagando la ciudadanía.
Entre las más insignes muestras de esa especie de incapacidad adiestrada para el fracaso, podríamos hablar del aeropuerto de Ciudad Real. Una obra innecesaria, realizada en una zona de especial protección de aves (ZEPA) y declarada por la Junta como un Proyecto de Singular Interés (PSI).
El aeropuerto además de un atentado ecológico fue un desastre financiero, impulsado por José Bono y José María Barreda. A pesar de ser privado, la ciudadanía perdió en la empresa en torno a los 400 millones de euros -o más, según estimaciones- y constituyó un grave problema para la Caja de Castilla la Mancha.
También fue desafortunada, aunque de mucha menor cuantía (20 millones), la instalación de la estación del Ave de Cuenca cerca del vertedero, incumpliendo la distancia mínima establecida por la ley.
La estación fue construida por ADIF con materiales no contaminantes. Es sostenible, tiene eficiencia energética, pero a veces hay un olor insoportable. Los responsables de haber adoptado esa maloliente decisión son Adif, la Junta, la diputación y el ayuntamiento.
Quizá no sea del todo correcta mi afirmación -optimista- de que los apabullantes fracasos de la coalición político empresarial en el poder, constituyen una muestra de debilidad. Porque se trata, más bien, de una debilidad aparente, por la casi absoluta impunidad de sus integrantes.
Ciertamente, quienes cooperan en la coalición poseen -o se atribuyen- tanto poder, que cuando se equivocan no se sienten obligados a rendir cuentas por sus desgraciados desaciertos, siendo la ciudadanía perjudicada quien asume las pérdidas por los daños causados.
Como son inasequibles al desaliento, ahora piensan en los fondos europeos de recuperación, para seguir invirtiendo en remendar los agujeros ocasionados por los fiascos lamentables de su modelo de economía del despilfarro.
Es lo que tienen previsto hacer con el vertedero de la estación del AVE. El problema de los malos olores se quiere solucionar recurriendo a los fondos europeos. Para lo cual, el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de la diputación se ha ofrecido a trasladar el vertedero a otra zona. Es decir, si queremos eliminar los malos olores de la estación del Ave, debidos a la incompetencia de nuestros políticos, tenemos que gastar millones de fondos europeos.
También piensan en los fondos europeos los propietarios del ruinoso aeropuerto internacional de Ciudad Real. En efecto, pretenden aprovechar la oportunidad de los fondos para presentar proyectos antiguos como novedad (la finalización de la conexión de la infraestructura con la línea de Alta Velocidad).
Se trata de unos proyectos que para nada responden a los objetivos establecidos por Europa, de transición ecológica, eficiencia económica y cohesión social. De ahí que la ciudadanía de la provincia de Cuenca debería llevar a cabo las actuaciones oportunas, para poner coto a esas propuestas abusivas de gasto.
Tenemos que impedir que la Junta dedique arbitrariamente nuestros recursos a financiar el oportunismo de empresas con problemas financieros o al remiendo de fracasos. Hay que acabar con la inclinación perversa de favorecer la apropiación privada, con el beneficio que reporta el dinero público.
La ciudadanía de la provincia de Cuenca debe exigir al PSOE, en el poder del Estado y la región, que cumpla con los compromisos electorales contraídos ante las Cortes de Castilla-La Mancha.
Debemos reclamar con vehemencia, que la Junta invierta los fondos europeos de recuperación en actuaciones que fomenten el reciclaje, reparación y reutilización de nuestros recursos, de acuerdo con el nuevo modelo de economía circular auspiciado por Europa, para impulsar con esas inversiones la modernización de la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, en beneficio de los pueblos de la provincia.
Fernando Casas Mínguez. Profesor de Ciencia Política.