La Diputación de Cuenca ha aprobado un pliego de cláusulas administrativas para adquirir un inmueble a fin de destinarlo a oficinas con un tipo de licitación de 520.000 euros. La institución provincial tiene la intención de albergar en este edificio a los 40 trabajadores del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación, por esta razón, algunos de los requerimientos son que tenga una superficie mínima de 600 metros cuadrados, acceso desde al menos un vial público y que se encuentre dentro de la malla urbana de Cuenca capital.
La vicepresidenta del OAGTR, Nuria Illana, ha explicado que el motivo de haber tomado esta decisión es debido a que “no podemos seguir esperando sine die” una solución. La primera intención era comprar el edificio del ICONA para poder acometer las obras que necesita este edificio, pero la decisión de Ciudadanos de recurrir al Tribunal Superior de Justicia la desestimación de su recurso, y paralizar este proceso “a toda costa” ha obligado a la Diputación de Cuenca a actuar, ha apostillado la responsable provincial.
El objetivo es que los 40 trabajadores del Organismo Autónomo de Recaudación puedan prestar el servicio en un edificio moderno que cumpla con todas las necesidades técnicas para la atención a los ciudadanos que acuden diariamente a las oficinas para resolver la gestión de sus tributos.
Además, la responsable provincial ha detallado que desde enero de 2018 finalizó el acuerdo de cesión del uso por parte del Ayuntamiento de Cuenca, propietario del inmueble, y desde la entrada del actual equipo de Gobierno se ha trabajado con el consistorio conquense para buscar una solución a este limbo legal en el que se encuentra la cesión. Illana ha lamentado la judicialización de este proceso por parte del grupo Ciudadanos, algo que ha paralizado la adquisición del edificio “condenando a los trabajadores a llevar a cabo su labor sin garantías y sin un horizonte temporal que permita una solución”. La diputada considera que esta decisión ha sido muy perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y para los propios trabajadores porque “impide a la Diputación de Cuenca acometer las obras de rehabilitación que son urgentes en este edificio” debido a que no es de su propiedad.
Illana ha cargado duramente contra la intención de Ciudadanos de paralizar este proceso “cueste lo que cueste”, a pesar de que en primera instancia el juez no le dio la razón, han decidido llevar este caso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, algo que dilata enormemente los tiempos burocráticos y condena a estos 40 trabajadores a realizar su labor sin garantías para su desempeño profesional, “la Diputación de Cuenca no quiere prolongar más esta situación”, ha apostillado la diputada.
No obstante, Illana también ha manifestado que los que salen peor parados son la ciudadanía conquense, ya que a partir de ahora va a disponer de un edificio que necesita una inversión muy importante de forma imperiosa y que va a dejar de albergar una función tan importante para toda la provincia de Cuenca como es la gestión de los tributos.
Los técnicos de la Diputación de Cuenca están trabajando en un concurso público, tramitado de forma urgente por procedimiento abierto, las bases y los criterios a presentar se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincial del día de hoy y recogen que el plazo de presentación de ofertas tiene el plazo de ocho días naturales contando a partir de este viernes.
