Cuenca es pionera, declaró la ministra de Política territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, comentando el posible cierre del ferrocarril, cuya competencia tiene atribuida el Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana.
Con esta sorprendente declaración, expresaba la portavoz del gobierno su apoyo a la alternativa de despacho y sin futuro, consistente en la supresión del servicio público de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, en perjuicio de los pueblos, y la privatización del transporte por carretera, siguiendo la estela de Castilla y León.
No se entiende bien por qué, la ministra convierte en pionera a la única provincia de Castilla-La Mancha en la que el crecimiento de población, por mil habitantes, es negativo, gracias a las políticas de abandono adoptadas por la Junta.
Menos se entienden sus palabras, cuando la provincia de Cuenca tiene el más alto índice de envejecimiento, la mayor tasa de dependencia y la densidad de población más baja (11.4) -más del doble de la media de la región-, debido a las políticas llevadas a cabo por el gobierno regional.
Tiene que sonar extravagante a la ciudadanía de Cuenca, oír que su provincia es pionera, cuando la movilidad laboral registrada es la más baja de la región. Para que nos hagamos una idea, en enero de este año fueron 5.389 los contratos realizados en Cuenca, nada que ver con los más de veinte mil de Toledo (la que más) o los doce mil de Albacete (la que menos).
Resulta, en fin, de lo más sospechoso, que se diga de Cuenca es pionera cuando es la provincia de Castilla-La Mancha que cuenta con el menor crecimiento del producto interior bruto, gracias a las políticas públicas de la Junta.
A la vista de estos datos sobre crecimiento económico, población y empleo, que la ministra adule a Cuenca diciendo que es pionera constituye (dicho sea de forma suave), una generalización apresurada.
Como encargada de política territorial, Isabel Rodríguez podría haber sostenido que hay que acabar con el desequilibrio territorial existente en la comunidad. Hubiera podido añadir, a continuación, que consideraba inaceptable que Cuenca sea la más despoblada y atrasada de la región. De esta forma estaría denunciando la injusta discriminación que padece la provincia.
La ministra tendría que saber que Cuenca sufre discriminación por partida doble. De un lado directa, que es la que se produce al ser tratada de manera menos favorable que las otras, debido a su escaso peso en la estructura del poder regional (como bien expuso García-Page hablando de la desigualdad de la mujer).
Esta discriminación directa se pone de relieve analizando la cuantía de las inversiones llevadas a cabo en materia de gobierno, sanidad, educación, universidades, servicios sociales y, desde luego, transporte por ferrocarril. De forma natural, el gobierno regional invierte para beneficiar a las otras provincias, sin plantear el perjuicio que puede estar ocasionando a Cuenca.
Pero la provincia está padeciendo, además, una insidiosa discriminación indirecta, provocada por el poder de la Junta, cuando dicta disposiciones que contienen criterios aparentemente neutros, pero que realmente colocan a la provincia de Cuenca, en situación de desventaja particular con respecto a las otras.
Tal cosa sucede, cuando la Junta establece, como criterios de inversión, el crecimiento del PIB, la competitividad y la innovación. La administración regional estableciendo estos criterios, en apariencia objetivos, siempre perjudica a Cuenca, por ser la provincia más atrasada y menos competitiva.
En conclusión, los pueblos de la provincia de Cuenca deberían presionar a los gobiernos estatal y regional, para que pongan fin a su discriminación directa e inviertan en mantener y modernizar la línea Madrid-Cuenca-Valencia, de igual forma que están haciendo en las líneas de ferrocarril convencional de Albacete (Hellín -Cartagena) y de Ciudad Real (Ciudad Real-Badajoz).
La ciudadanía de Cuenca tiene que movilizarse, con rebeldía cívica, para que los gobiernos del PSOE abandonen sus retóricas ampulosas sobre la provincia, que utilizan para ocultar la discriminación. Hay que exigir al gobierno de Castilla-La Mancha que establezca, como criterios de inversión pública, la despoblación, el escaso crecimiento del PIB, la falta de inversiones y la menor competitividad, por razones de justicia, para acabar con la despoblación y el desequilibrio regional.
