El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anuncia que en breve se firmará con la Universidad regional un acuerdo por importe de 21,4 millones de euros que permitirá la contratación de investigadores. Además, garantiza que en esta región ningún alumno se quedará sin opciones de completar sus estudios por problemas económicos y que la Junta colaborará n la conmemoración del 40 aniversario de la UCLM de cara al año 2025.
García-Page ha sido el encargado de inaugurar oficialmente el Año Académico desde el Paraninfo Universitario de Cuenca y, al igual que el rector Julián Garde, subraya la importancia del contrato-programa firmado por ambas instituciones, que ofrece a la UCLM financiación por importe de 1.000 millones de euros durante los próximos cuatro años.
El presidente autonómico subraya que el Ejecutivo haya podido llegar a un acuerdo como este en un contexto de incertidumbre. Entiende que “hay que pagar una factura económica por lo de Ucrania por no intervenir de forma directa, y es mejor así. Pero si la situación se tuerce desde el punto de vista económico, la universidad tendrá “un alto grado de blindaje”.
Como exalumno de la primera promoción de Ciencias Jurídicas de la UCLM, García-Page cree que este es un acto más “para que las cosas sigan avanzando” y lanzó la pregunta de si seríamos capaces de decir “qué habría pasado en esta tierra si no hubiéramos tenido esta universidad”. En su opinión “muchos chavales se habrían ido y se habrían deslocalizado muchas inteligencias”.
“Sin la universidad seríamos una autonomía incompleta”, insiste el jefe del Ejecutivo autonómico, que rememoró las polémicas que hubo en los inicios, desde gente que no quería universidad hasta discusiones por el formato, ya que se se pedía una única sede. A la postre, “estamos contentos de este modelo que implica a toda la comunidad en la vida universitaria”, opina.
García-Page ha concluido su intervención pidiendo a la universidad ayuda para que le ayude a dar forma a la nueva política del agua de Castilla-La Mancha y un proyecto “que pare el mercadillo de la política fiscal” y busque una armonización de las legislaciones autonómicas.
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