El Gobierno de Castilla-La Mancha solicita al Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) que los trámites y los costes para que los productores de la región puedan acceder al sello de la IGP artesana para sean los mínimos posibles.
Petición que ha realizado la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, durante el plenario del CdR que se viene celebrando a lo largo de estos días en Bruselas y donde ha insistido en que todo el procedimiento “debe ser sencillo y lo menos costoso posible”.
Así, Marco ha insistido en que muchos de estos artesanos residen en zonas rurales por lo que ha destacado que esta futura normativa, que cuenta con el compromiso del Gobierno de España para ser aprobada como tarde el segundo semestre del 2023, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, “tiene que ser una oportunidad para nuestras zonas rurales”.
Definición exacta para incluir a todos los productos de la región
Además, la directora general ha expuesto ante el resto de representantes del Comité de las Regiones las prioridades de Castilla-La Mancha en el contenido del reglamento. “Queremos que la definición de IGP artesana e industrial incluya todos los procesos de elaboración existentes que tienen origen territorial” para que los productos que cumplan con los requisitos no se queden fuera, ha indicado.
El objetivo, ha insistido Marco, es que los productos que cumplan con los requisitos no se queden fuera. Ejemplo de ello son el sector del calzado que está representado en la región en las localidades de Almansa (Albacete) y Fuensalida (Toledo).
Fue el pasado 13 de abril cuando llegó la propuesta de la Comisión Europea de crear una Indicación Geográfica Protegida (IGP) gracias a la que se dará a los productos artesanales de la región una protección en toda la Unión Europea como la que tienen ya algunos productos agroalimentarios.
Se cumplía así una “reivindicación histórica del Ejecutivo de Emiliano García-Page desde el año 2015” con el fin de defender de las falsificaciones a productos emblemáticos de la región como son la cuchillería de Albacete; la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo; la espada y el damasquinado toledano; los encajes de Almagro; el mimbre de Cuenca o Priego; o el oficio de Lagartera.
Esta regulación supondrá, entre otros factores, una mayor seguridad jurídica tanto a los productores como al consumidor, reconocer el valor añadido del producto, así como su valor comercial y cultural y proteger a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal.
Desde Castilla-La Mancha se ha venido trabajando intensamente por conseguir que se regule la protección jurídica de la IGP artesana e industrial de manera que estos productos gocen de la misma protección y reconocimiento que los productos agrícolas, lo que, además de beneficiar a los artesanos y productores, supondría un beneficio para el turismo, el comercio y la promoción del territorio, revitalizando las zonas rurales de la región y potenciando su patrimonio cultural.
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