El Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo cursos formativos para que los empleados públicos de la Administración regional conozcan todas las medidas puestas en marcha para hacer frente a la despoblación.
El objetivo de estos cursos, de los cuales ya se han realizado dos en la capital regional, es que estos empleados públicos puedan poner en marcha dichas medidas haciendo que la ciudadanía a las que van dirigidas se pueda beneficiar de las mismas.
Se trata, tal y como ha explicado el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, de que estos empleados, “que en la mayoría de los casos son el primer contacto de la ciudadanía con la Administración regional, sepan de qué herramientas se dispone para beneficiar a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos” y puedan orientarlos a la hora de acceder a las ayudas y las desgravaciones fiscales que se incluyen en la Ley de medidas contra la Despoblación.
Hasta el momento, han sido una veintena de empleados públicos los que se han formado en esta materia con un resultado satisfactorio. Por ello, la intención del Ejecutivo regional es seguir con esta formación a partir del próximo año y hacerlo en las cinco provincias, según ha detallado Jesús Alique.
Asimismo, ha destacado que “es una reivindicación que nos han hecho los propios trabajadores y somos conscientes de que llevarla por todos los territorios de la Comunidad Autónoma ahondará, aún más, en el conocimiento de estas medidas”.
Una región “pionera” en la lucha contra la despoblación
Con la puesta en marcha de esta formación, el Ejecutivo de Emiliano García-Page da un paso más en la lucha contra la despoblación que lidera Castilla-La Mancha desde que se aprobara con unanimidad de las Cortes autonómicas la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, “pionera a nivel nacional y que incorpora, por primera vez en la historia, una fiscalidad diferenciada para hacer frente a la pérdida demográfica”, según ha recordado el comisionado del Reto Demográfico.
A esta Ley le ha seguido la Estrategia Regional Frente a la Despoblación, su principal herramienta de planificación, que se sustenta en más de 200 actuaciones destinadas a asentar la población en zonas afectadas por despoblación.
El último “gran hito” del Gobierno de Castilla-La Mancha en este ámbito es el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2023, donde se incluye, “por primera vez en la historia de España y de Europa, una Memoria de Impacto Demográfico que recoge el presupuesto que se va a destinar durante el próximo ejercicio en materia de despoblación, un total de 1.714 millones de euros que suponen casi una cuarta parte del techo de gasto (el presupuesto efectivo) de la Comunidad Autónoma”, ha subrayado Jesús Alique.
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