La inflación que tan abruptamente ha irrumpido en el mundo, y especialmente en Europa, está desencadenando cambios importantes en la economía. Los costes de la guerra en Ucrania se reflejan en la desaceleración económica y en el endurecimiento de la política monetaria, con niveles de tipos de interés desconocidos desde 2008.
Este nuevo escenario supone un duro golpe para familias y empresas. Los tipos de interés seguirán su escalada en 2023, afectando especialmente a economías tan endeudadas como la española, minando tanto la renta disponible de las familias como la rentabilidad de las empresas (especialmente las pequeñas), y encareciendo el pago de la deuda pública.
A este escenario macro se suma el impacto que tiene una inflación que se enquista, con expectativas de encarecimiento sostenido de la cesta de la compra a medio plazo.
Hasta ahora, las medidas del Gobierno han surtido su efecto, mitigando parcialmente la pérdida de poder adquisitivo. El shock de precios de la energía tuvo como respuesta cambios en la formación de los precios mayoristas (excepción ibérica) y limitaciones en los precios de la electricidad, así como ayudas generales a los carburantes. Y transporte público gratuito (a los urbanitas y usuarios del tren de cercanías).
A la subida de tipos de interés se ha respondido con acuerdos con la banca para refinanciar hipotecas de las familias más vulnerables.
Ante la pérdida de poder adquisitivo, se ha respondido con subidas indiscriminadas de las pensiones (de todas, las bajas y las altas) y de los salarios públicos (parcialmente) e intenciones de subir, de nuevo, los salarios mínimos.
Sin embargo, todas estas medidas mitigan un problema de solución imposible.
Primero, porque las medidas han de ser necesariamente temporales (en algún momento se han de retirar) y las estimaciones muestran que la persistencia del shock será mayor de lo previsto.
Segundo, porque las medidas indiscriminadas generan importantes distorsiones y problemas de equidad.
Tercero, porque generan una escalada de reivindicaciones de sectores que se siente excluidos o no apoyados suficientemente. Los salarios privados no subirán lo suficiente para cubrirse de la inflación.
España comienza 2023 con importantes incertidumbres sobre la capacidad para mitigar los efectos de la inflación de unas acciones gubernamentales que deberían ser más selectivas y temporales, pero que se han desplegado de tal forma que, para muchos, son consideradas como derechos a los que no se debe renunciar.
España está ante un escenario donde la calma de hoy puede ser el presagio de una tempestad social mañana.
Rubén Garrido-Yserte, es director del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Universidad de Alcalá
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
