En más de nueve mil millones de euros se puede estimar el valor aproximado de la línea Aranjuez-Cuenca-Valencia, que el Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF), el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, y el alcalde de Cuenca, Dolz, se proponen destruir. La información difundida de que su valor es 1.000 millones de euros, no parece correcta. Para calibrar el precio, es aconsejable examinar las inversiones realizadas y pendientes de efectuar, por quienes proyectan una nueva línea férrea. Por ejemplo, consultando los datos sobre el futuro ferrocarril de Gran Canaria.
Según las informaciones publicadas, en el diseño del mencionado proyecto del ferrocarril el gobierno ha invertido 30 millones de euros; el coste de la expropiación de los terrenos por donde discurrirá el tren, ascendía a 37 millones de euros. A estos 67 millones (en concepto de diseño y expropiaciones), hay que sumar el importe de los 58 kilómetros de línea férrea, que es de 1.600 millones de euros (como mínimo). En consecuencia, si construir una línea férrea de 58 km. en una zona plana de Gran Canaria requiere invertir un total de 1.667 millones de euros; el capital necesario para construir hoy la línea Aranjuez-Cuenca-Valencia (358 km.) sería seis veces mayor, superando los 10.000 millones de euros. Descontando del total el coste de la mejora, presupuestada y no invertida (pongamos 500 millones de euros), el valor de la línea renovada rondaría los 9.500 millones de euros. Por lo tanto, si García-Page y Dolz desmantelan el tren, siguiendo las órdenes de ADIF, muchas personas se preguntarán: ¿son consciente de que destruir la línea de ferrocarril significa desposeer a la ciudadanía y derrochar un patrimonio público cuyo importe asciende a más de nueve mil millones de euros?
No es fácil entender que responsables del PSOE ejecuten esta política de despojo del patrimonio social, cultural, político y económico, en perjuicio de las personas que residen en los pueblos de una zona despoblada. Sobre todo, no se comprende que su actuación antidemocrática la emprendan contra la provincia más desfavorecida; a no ser que el gobierno regional quiera aprovechar la despoblación y pobreza de Cuenca para conseguir más fondos europeos, que luego distribuye entre las otras provincias de Castilla-La Mancha. Contra esta brutal destrucción del servicio público de ferrocarril, constituye una obligación cívica protestar, exigiendo al PSOE de García-Page que acabe con su política inspirada en el lema “para que ganen las otras provincias, Cuenca siempre debe perder“. En defensa de la dignidad de la provincia y del derecho a tener derechos de la ciudadanía conquense, tendrá lugar el plante trigésimo sexto, el día 2 de mayo a las 18.00 horas en la plaza de España de Cuenca.
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