La entrada en vigor de la Ley del Sistema Universitario (LOSU) ha derogado la Ley de Universidades que introdujera el Partido Popular en 2001, así como la modificación de ésta realizada en 2007 por el Partido Socialista.
De este modo, se asiste a la tercera reforma universitaria de la democracia, cerrando un ciclo de más de 20 años de una regulación universitaria que nació con hostilidad hacia el servicio público de Enseñanza Superior, bajo el supuesto de combatir la endogamia universitaria, y que encontró en 2012, a través del denominado Decreto Wert, su mayor ataque a raíz de los recortes introducidos en el propio RD-ley 14/2012 y en la financiación de las distintas Universidades públicas.
Un proceso de asfixia financiera que la UCLM sufrió especialmente bajo el gobierno de Cospedal, siendo la Universidad pública que más recortes padeció en aquel periodo. El resultado de este largo ciclo ha sido la precarización de las plantillas del personal docente e investigador -PDI, en adelante- a niveles insoportables tanto por la elevadísima temporalidad del PDI como por el uso masivo de lo que se ha convenido en llamar falsos asociados. Una precarización estructural que se está convirtiendo peligrosamente en el soporte de la institución en su conjunto.
En esta situación y contexto, ha entrado en vigor la Ley del Sistema Universitario que curiosamente ha concitado las críticas tanto del sector político que promovió la reforma universitaria de 2001, como por parte de algunos Rectores de Universidades públicas, también el de Castilla-La Mancha.
Las críticas, bastante mediocres desde el punto de vista de la creación de un debate público, han oscilado principalmente entre la pretensión de “llenar de ideologías los campus”, “la creación de 17 modelos diferentes de Universidades públicas” y el “gasto que implica en la actualidad la puesta en marcha del nuevo modelo de carrera profesional”.
Y no es que la LOSU sea una ley “redonda”, tiene aspectos criticables por la incertidumbre que crea especialmente en el ámbito de la financiación. Sin embargo, los Rectores críticos, llenando de ideología los campus, han concentrado sus diatribas mayoritariamente en el “gasto”, que no la inversión, que la LOSU propone como vía de corrección de la precariedad del PDI, así como en la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma pueda adaptar las Universidades públicas dependientes de éstas, destacando que el Estatuto de Castilla-La Mancha previó la competencia en enseñanza universitaria en su art. 37 en el año 1982 dando paso a su concreción en 1985, para con ello alcanzar el objetivo deseable de que la UCLM sea “una institución fundamental en la sociedad del conocimiento en la que vivimos. De la Universidad, y del sistema educativo en su conjunto, depende la educación avanzada de las personas, y lo que ello conlleva con relación a la igualdad de oportunidades para todas y el desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra sociedad en momentos de emergencia climática” (apartado I Exposición de Motivos de LOSU).
En este aspecto, aunque no solo, CCOO-UCLM entiende especialmente importante desarrollar las previsiones normativas de la LOSU relacionadas con el modelo de carrera profesional y que parece haber movilizado negativamente la opinión de algunos Rectores, también el de la UCLM.
CCOO-UCLM está ya trabajando para que se cumpla la cota del 8% de temporalidad prevista por la LOSU en materia de contratación laboral, aunque de su cómputo se haya excluido al conjunto de profesoras y profesores ayudantes doctores. Un objetivo básico que ha encontrado muchas reticencias por parte del equipo de gobierno de la UCLM, desde antes incluso de la entrada en vigor de la nueva normativa universitaria.
Para alcanzar tan importante objetivo, entendemos que se ha de priorizar la dinamización de las carreras profesionales del PDI a través, en primer lugar, de llevar a cabo una transición normativa lo más favorable posible a la estabilización del PDI laboral.
En segundo lugar, se ha de materializar las previsiones de la LOSU de contratar al número necesario de profesoras y profesores ayudantes doctores que, como se sabe, con la normativa vigente no necesitan acreditación en ANECA. En tercer lugar, se han de estabilizar a los profesores asociados a través de contratos indefinidos, para con ello mejorar la calidad docente de esta parte del profesorado, además de poner fin a los problemas de que el curso académico comenzara sin que su contratación se hubiera producido. En cuarto lugar, CCOO-UCLM insta desde ya al equipo de gobierno de la UCLM a solicitar a la Junta de Comunidades la creación de una agencia autonómica de evaluación para la acreditación de profesores laborales permanentes en relación con las necesidades particulares y generales de la UCLM. En quinto lugar, como acción transversal de la mejora de la situación laboral del PDI, se han de introducir medidas de acción positiva que impulsen una mayor igualdad entre mujeres y hombres.
Oponerse a este cambio en la mejora de las condiciones de trabajo y empleo del PDI implica en primer lugar que el equipo de gobierno de la UCLM se sitúe en la ilegalidad por no cumplir con las previsiones normativas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, atrincherándose en una normativa, la del Partido Popular, que tanto daño ha hecho a la UCLM. En segundo lugar, invocar el “gasto” -que no la inversión- como motivo a esta temeridad supone tanto como estar en contra de la mejora de la calidad del servicio público de Enseñanza Superior en un momento en el que se dice contar con el mejor presupuesto de la historia de la UCLM. CCOO-UCLM seguirá trabajando para que también la UCLM camine hacia los nuevos tiempos de la Universidad pública española.
Francisco José Díaz Molina es responsable de la Sección Sindical de CCOO en la UCLM
