Pueblos Vivos informa de que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación a la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Junta y la empresa promotora de la macrogranja “Hermanos Matas de Huerta S.L.”, de Huerta de la Obispalía, a raíz de una demanda del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, por incumplir la normativa ambiental en la autorización de esta explotación.
La localidad de Torrejoncillo del Rey ya sufría los efectos de otra macrogranja de la misma empresa, que había contaminado el acuífero con nitratos según la sentencia 10/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y por ello, las fuentes de abastecimiento a la población habían dejado de ser potables. Aun así, la Junta recurrió dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora no admite el recurso a trámite.
Razones de la inadmisión del recurso
La inadmisión del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo el 26 de junio, que se ha conocido recientemente, se basa “en la falta de fundamentación suficiente del recurso” y en que no encaja en la figura legal de “recurso de casación” ya que estos se refieren a la valoración de los hechos y las pruebas, pero no a asuntos procesales.
Ya hubo sentencia condenatoria por otra macrogranja de la misma empresa
En enero de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha emitió sentencia que condena a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por otorgar de forma ilegal autorización ambiental integrada (AII) a otra macrogranja porcina también propiedad de la misma empresa. Sin embargo, Pueblos Vivos denuncia que dica sentencia fue incumplida por la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural, posicionándose a favor de la empresa infractora y acelerando los trámites para una nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), “lo que supuso que en la práctica no hubo ni un solo día de paralización de la actividad de la macrogranja condenada”.
Esta empresa cuenta con un total de 5 explotaciones en Huerta de la Obispalía que suman 22.000 plazas de cebo y 2.500 madres.
Para Toni Jorge, coportavoz de Ecologistas en Acción de La Manchuela, “la Junta, rompiendo el principio de seguridad jurídica y de imparcialidad, en vez de defender el bien común, se pone de nuevo del lado de una empresa infractora. Denunciamos el escaso compromiso del Gobierno regional en defender nuestros recursos naturales y en especial el agua de nuestros acuíferos que están altamente contaminados. Por este tipo de acciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en marzo por incumplir las obligaciones de la normativa de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos en ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, mencionada 26 veces en la sentencia por diversos incumplimientos de directivas europeas”.
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