El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha mostrado optimista en que pueda haber una acuerdo entre el Gobierno de España y los agentes sociales para reducir la jornada laboral y ha trasladado a la CEOE que “en la medida que ellos digan de forma explícita que están dispuestos a negociar, nosotros nos abriremos a negociar aspectos colaterales, como la fecha de entrada en vigor de la norma o el modelo de control horario”.
Sordo ha clausurado el congreso extraordinario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras celebrado en Cuenca, donde ha sido preguntado por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que comparaba la propuesta que hay sobre la mesa con regalar doce día de vacaciones pagadas al año, el dirigente sindical ha sugerido que “en este tipo de negociaciones, cuanto menos ruido y declaraciones esperpénticas se hagan, mejor” y ha defendido que “España puede reducir la jornada de trabajo y es algo deseable en términos sociales, pero también económicos”.
Sordo ha recordado que en este país no se ha reducido el tiempo de trabajo por ley desde el año 1983, pero sí se ha hecho a través de convenios “y es el momento de que haya un cambio legislativo que permita a los trabajadores más precarizados contar con jornadas laborales más amables”.
El secretario general de Comisiones ha esgrimido que esta medida junto a las subidas salariales “se favorece a las empresas que se hacen productivas por la vía de invertir en digitalización, en estabilidad del empleo se desincentiva a las que se hacen rentables por la vía de la pura explotación y eso, a largo plazo, mejora la productividad del país”.
Tampoco cree que se pierda competitividad “porque, en general, las empresas que exportan ya están por debajo de las 37,5 horas; son otros sectores como el comercio, el campo o el trabajo domiciliario los que tienen jornadas demasiado largas.
Por todo ello, Una Sordo ha tendido la mano a la patronal de abordar la reducción del tiempo de trabajo, aunque también le ha pedido al Gobierno de España que “no flaquee” si no es posible un acuerdo tripartito que aglutine a los agentes sociales.
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