Sentencia en mano comparecieron este miércoles 17 de julio la presidenta del Partido Popular (PP) en la Diputación de Cuenca, Clara Plaza y el portavoz del grupo Cayetano Solana, para dar a conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), relativa al Pleno Provincial de presupuestos de 2023, que establece que se vulneraron los derechos de participación política del grupo popular al no aceptar el Equipo de Gobierno tres de las cinco enmiendas que estos presentaron por escrito. Según la sentencia, a la que también ha tenido acceso el periódico, el fallo se fundamenta en la Constitución y en el Derecho de Enmienda, derechos fundamentales vulnerados al PP en la Diputación Provincial, desde el punto de vista del tribunal.
Las enmiendas presentadas para los presupuestos de 2023, según Plaza, “buscaban mejorar los pueblos y ayudar a los ciudadanos”, a través de un incremento de las ayudas energéticas de la provincia, inversiones productivas para reactivar la economía y la renovación de la red de agua.
Plaza, pide que “no se prohíba el debate”, reconociendo la representación minoritaria de los populares en la Diputación y admitiendo que “solo quería que se escucharan esas propuestas y que los vecinos de Cuenca también lo pudieran hacer”.
El Ministerio Fiscal, que se sumó a la defensa de la Diputación, alegó que no existía una vulneración de los derechos de participación del grupo popular, sino una serie de “problemas técnicos” que imposibilitaron que los populares pudieran plasmar sus enmiendas. Respecto a esto, Plaza explica que esta justificación se basó en que las enmiendas presentadas eran sobre las bases de ejecución del presupuesto y que por lo tanto no se podían modificar.
¿Las consecuencias para la Administración demandada? El pago de las costas del juicio y la nulidad de lo ocurrido en el Pleno de la Diputación Provincial el 30 de noviembre, donde se aprobó el Presupuesto General de la Diputación en 2023, si bien a efectos prácticos la sentencia no tendrá más consecuencias, ya que dicho presupuesto ya está ejecutado y el PP no persigue repetir el pleno.
Cayetano Solana critica la “soberbia y opacidad” de Álvaro Martínez Chana
Cayetano J. Solana apoyándose en la sentencia que ha favorecido a los populares en la Diputación Provincial, ha aprovechado para definir al presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, por “su soberbia, tanto por su rechazo ante las iniciativas del Partido Popular, como por no saber rectificar”.
Asimismo, afirma que “se ha demostrado que durante cinco años ha sido un gobernante opaco y que su legislatura se inmortalizará en la memoria de todos por la poca transparencia, el sectarismo y el poco respeto a los trabajadores de la Diputación”. En ese sentido, ha mencionado una “frase célebre” de Martínez Chana: “daremos contestación por escrito, a lo que sus opositores políticos están acostumbrados a escuchársela repetir en distintas ocasiones”.
Solana ha comentado también la sentencia que ratifica el despido improcedente de dos trabajadores en 2020 en el albergue de animales y la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, a través del Consejo de Transparencia, en Almonacid del Marquesado. Aunque los motivo, el diputado popular ha señalado que los” indicios irían por no facilitar el convenio del macrovertedero”. El popular le recuerda a Chana que “juega con el dinero de todos, no le importa el dinero público”.
Finalmente, Solana aprovecha para defenderse de las acusaciones que recaen sobre ellos y sobre su “judicialización de la política”, a lo que dice que todos estos procesos se podrían evitar “sí pudiéramos tener a políticos que respeten la ley”, destacando “la impunidad” con la que actúa el presidente del Gobierno y el de la Diputación de Cuenca.
La Diputación “entiende que en ningún momento se vulneraron los derechos de ningún grupo político”
La Diputación a través de su Gabinete de Comunicación, ha anunciado que estudiará recurrir sobre esta sentencia. A pesar de no estar de acuerdo con el “fondo del fallo judicial”, han manifestado su “absoluto respeto a las decisiones judiciales”. En su defensa, citando al Ministerio Fiscal y los “motivos técnicos” que impidieron que se tuvieran en cuenta estas enmiendas, “sin querer vulnerar los derechos de participación política de ningún grupo”.
El plazo para apelar esta decisión es de 30 días. Si la institución provincial lo decidiese, los populares estudiarán la posibilidad de llevarlo a una instancia superior.
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