Comenzó la tramitación como Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, presentada en las Cortes por el Grupo Parlamentario Socialista. El proyecto es fruto del pacto de los grupos parlamentarios socialista y popular. Después de un año de discreta negociación los dos partidos con representación mayoritaria en las Cortes regionales han acordado otorgar un nuevo Estatuto a la ciudadanía castellanomanchega.
Como cuestión previa, llama gratamente la atención que en tiempos de crispación política los partidos mayoritarios hayan pactado la reforma del Estatuto. No obstante, si los poderes públicos hubieran promovido la participación ciudadana y de las organizaciones en que se integra para la elaboración de la nueva ley estaríamos ante una espléndida noticia.
El extenso proyecto de Estatuto (93 artículos), contiene artículos ambiciosos, para profundizar en la plena autonomía de Castilla-La Mancha. Entre ellos hay que destacar los que propugnan blindar los derechos sociales de la ciudadanía para la construcción de un futuro cada vez más justo, igualitario y próspero. El objetivo propuesto es magnífico, pero su plena eficacia es dudosa. Aunque los derechos sociales figuren en el Estatuto, la Junta carece de competencias y recursos para llevarlos a cabo de manera efectiva.
Para que el Estatuto pueda blindar los derechos sociales (por ejemplo, el derecho a una vivienda digna del artículo 47 de la Constitución) sería indispensable que los derechos fueran fundamentales. Sin embargo, la Constitución no considera que esos derechos básicos para la sociedad sean fundamentales, y las sentencias del Tribunal Constitucional han establecido la doctrina de que los derechos sociales de la Constitución al no ser fundamentales no son verdaderos derechos, sino principios rectores que únicamente “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la acción de los poderes públicos”. Por lo tanto, al no ser derechos “fundamentales”, la Junta podría incumplirlos y la ciudadanía no podría exigir su plena eficacia, porque no están protegidos por el recurso de amparo, ni vinculan jurídicamente a los Tribunales sino de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
Ahora bien, por semejante nimiedad no hay que echar por la borda la propuesta de convertir en fundamentales los derechos sociales del proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha. Más bien al contrario, hay que aprovechar la ocasión y animar al PSOE de Emiliano García Page y al PP de Francisco Núñez, a que presionen a la dirección nacional de sus respectivos partidos para que emprendan una reforma constitucional partiendo de las necesidades básicas de la ciudadanía. La reforma podría estar centrada en garantizar, como derechos fundamentales, la salud, el medio ambiente, unas pensiones adecuadas, el acceso a la vivienda y la protección de la privacidad ante la gran transformación tecnológica del siglo XXI.
Considerando que en España hay 850.000 personas en lista de espera para ser operadas y que los jóvenes se emancipan después de los 30 años por el problema económico para alquilar o comprar una vivienda, ¿qué ocurriría si Page y Núñez tuvieran el coraje cívico de liderar una gran manifestación por la reforma de la Constitución, con el objetivo de convertir en fundamentales los derechos sociales básicos? No tengo la menor duda de que su convocatoria tendría un clamoroso éxito.
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