Es posible que la llegada de Illa a la Presidencia de la Generalitat ponga fin a la etapa de confrontación por la independencia y abra un periodo de elaboración de políticas públicas al servicio de Cataluña. Sin embargo, como todo lo bueno no suele ir junto, debemos reconocer que el acuerdo histórico se ha logrado vulnerando las reglas de funcionamiento del sistema democrático. En efecto, democracia implica que todos los miembros de la sociedad deben tener parecida influencia en las decisiones que afectan sus vidas. De ahí que constituya un atentado a la democracia el que los acuerdos de una minoría poderosa – una élite- sean asumidos por los poderes públicos, los adopten y pueda tener importantes consecuencias políticas en la vida cotidiana de la ciudadanía española.
Pues bien, hemos sido testigos de cómo las élites empresariales catalanas presionando sobre el poder pretenden conseguir que se promueva una gran transformación en el Estado sin contar con la participación, el debate o la consulta de la mayoría del pueblo soberano. En el mes de julio del 2024, una veintena de organizaciones representativas del tejido económico y empresarial catalán solicitaron de nuevo -llevaban un tiempo en ello- que se llevara a cabo “una ambiciosa reforma del sistema de financiación territorial”. Foment del Treball y el Cercle d´economía, junto con las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas (Pimec), el RACC, el Collegi d’Ecomistes y las 13 cámaras de comercio de Catalunya, reclamaban “la reforma del sistema financiación autonómica, caducado desde hace una década”.
Las entidades denunciaban que el modelo de financiación autonómica vigente frenaba el progreso económico de Cataluña, y proponían corregir la situación adoptando uno nuevo. Sostenían que era una necesidad muy urgente resolver el asunto porque los déficits de financiación acumulados tenían consecuencias muy negativas para el potencial desarrollo económico y el bienestar social. De ahí que recomendaban a las “fuerzas políticas legitimadas por la ciudadanía” que aprovecharan el momento para pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. Las veinte entidades especificaban en su comunicado algunos elementos básicos del modelo: asegurar la autonomía financiera, mejorar la capacidad de gestión y recaudación tributaria y garantizar el principio de ordinalidad, así como tener en cuenta el diferencial del coste de la vida entre comunidades.
Gracias a la oportuna presión realizada, las organizaciones más relevantes del mundo económico y empresarial catalán, que no concurren a las elecciones, no son votadas por el pueblo y para nada representan el interés general de la ciudadanía del Estado español consiguen que sus propuestas sean el núcleo fundamental del acuerdo aprobado por Esquerra republicana y el PSOE. A la vista de la notable coincidencia entre lo pactado por los socialistas y Esquerra, con las propuestas avanzadas por las entidades económicas, cabría sostener que la élite económica catalana impera, pero no gobierna, se contenta con mandar en el gobierno. Por lo tanto, hay indicios para pensar que, en nuestra deficiente democracia, hay grupos minoritarios económicamente poderosos que sin tener que rendir cuentas a nadie están estratégicamente situados para tratar de imponer a los poderes públicos decisiones políticas fundamentales que pueden influir en la estructura del Estado y repercutir decisivamente en la vida cotidiana de la ciudadanía española.
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