La reforma del sistema de financiación autonómica en España lleva un retraso impropio. Debería haberse abordado en 2014, según mandato expreso de la Ley 22/2009. Esta revisión necesita de la implicación de todas las administraciones y de todos los partidos. La última reforma del sistema se produjo en 2009, con el compromiso de actualizarlo pasados cinco años. El PP no lo hizo ni con mayoría absoluta, lo que pone de manifiesto la enorme dificultad de su revisión, más aún con la actual fragmentación de las fuerzas parlamentarias que hoy define la composición del Congreso de Diputados. Técnicamente, debería ser un debate sosegado. Políticamente, amenaza con conflictos territoriales y promete capitalizar gran parte de la acción de gobierno en los próximos meses. Reformar la financiación autonómica es lo más parecido a un pacto de Estado entre todos los agentes involucrados, territorios y partidos políticos. Hace falta poner más dinero sobre la mesa y, sobre todo, buscar consensos sobre una serie de principios que ahora mismo no están claros. El sistema tendrá que ser un acuerdo institucional, por encima de los partidos, con el límite obvio de la Constitución.
Es necesario afrontarlo, y Cataluña ha puesto sobre la mesa una propuesta, con una enorme carga de profundidad, pero que nos pone ante el espejo de la necesaria reforma de nuestro modelo financiero territorial. Pues bien, hagamos de necesidad virtud y abramos un proceso de revisión multilateral de reforma de la financiación autonómica sin apriorismos innecesarios. Pero, sin duda, el primer paso y, particularmente, el primer gesto de lealtad institucional será conocer la propuesta de financiación singular de Cataluña en sus aspectos técnicos, y corresponde al Gobierno concretarla de forma clara, precisa y sin letras pequeñas, sabiendo que es necesario sujetarla a un exigente escrutinio desde los principios constitucionales de generalidad, igualdad, solidaridad y equilibrio territorial definido, en un modelo común, y no sujeto a la discrecionalidad de una relación bilateral entre Estado y alguna comunidad autónoma.
La ruptura del modelo de hacienda y de financiación autonómica, que no olvidemos, se reformó en 2009 bajo el impulso de la reforma del Estatuto de Cataluña, recogiendo buena parte de las aspiraciones de esta Comunidad, y bajo cuyas reglas han jugado todas las CC.AA., en algunos casos sufriendo las consecuencias de una cruel infrafinanciación, podría constituir una deslealtad hacia las demás regiones y con el Estado. La ruptura del principio de solidaridad y el comienzo de una aventura de este calibre puede conllevar un coste incalculable, tanto económico como social, muy elevado para la sociedad española y catalana, pudiéndose verse comprometida la prestación de servicios públicos fundamentales como sanidad, educación o dependencia en comunidades como la nuestra.
Desde la perspectiva de Castilla-La Mancha, debemos defender el consenso constitucional que dio pie al actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA), soportado por el titulo VIII de la Constitución vigente. Un sistema basado en relaciones multilaterales como proyecto integrador del País y donde los criterios de equidad y redistribución personal e interterritorial deben primar. Como Comunidad, nos interesa un sistema de nivelación completa de las capacidades fiscales de todas las CC.AA. para prestar un mismo nivel de servicios públicos, si bien se podría, en un proceso negociador, acudir a un sistema de nivelación parcial como el actual con una mayor aportación por cesión de recaudación territorial al Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales, que actualmente está en el 75%. En la medida en que son las personas y no los territorios, los sujetos de la redistribución, cualquier decisión sobre los criterios de equidad, mayor o menor progresividad, mayor o menor ordinalidad, corresponde tomarla a todos los ciudadanos de un país, por lo que no resulta aceptable su determinación de manera bilateral entre una región y el Estado. La futura reforma del sistema de financiación debería garantizar el reparto de la mayor parte de los fondos mediante la fórmula de población ajustada, que pondera las necesidades de gasto autonómicas, y evitar la introducción de fondos ad hoc que distorsionen el resultado final del sistema para no permitir que comunidades como Castilla-La Mancha sigan infrafinanciadas tras la reforma.
Algunos datos agregados pueden darnos una idea de la necesidad de una reforma financiera para Castilla-La Mancha. Según la última liquidación del SFA correspondiente a 2022, nuestra comunidad tiene una financiación efectiva para competencias homogéneas por habitante ajustado de 3.193€, lo que supone un déficit de financiación de 172€ por habitante ajustado respecto a la media del conjunto de las CC.AA (3.365€). Si esto lo elevamos a valores absolutos, significa que, teniendo en cuenta la población de CLM, el déficit financiero sería del orden 365 millones de €. Un dato comparativo: el presupuesto de la Universidad regional en 2022 fue de 278 millones de €. Si la comparación se realiza con la Comunidad mejor financiada (La Rioja), las diferencias de financiación son siderales: 761€ por habitante, y 1.616 m€ si se asignase a CLM la misma financiación por habitante que a La Rioja (3954€). Son datos muy agregados, que necesitan depuración, son comprensibles por todos los públicos y ponen de manifiesto que Comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha están infrafinanciadas en el modelo actual y que necesita una revisión integra para converger con la media en financiación per cápita.
En este contexto, y como complemento, es determinante para estas comunidades el diseño y puesta en marcha de un programa creíble de reestructuración o de condonación de la deuda pública autonómica en manos del Estado. Este programa debería estar ligado a una condicionalidad estricta, ponderando especialmente la infrafinanciación relativa de las CC.AA. A partir de un modelo financiero equilibrado y con un saneamiento justo y razonable de la deuda pública autonómica, se debe exigir una aplicación de una política fiscal sostenible y una gestión eficiente de los recursos públicos. Sin olvidar que la política regional española, actualmente limitada al exiguo Fondo de Compensación Interterritorial, necesita un rediseño y revalorización, con aportación de recursos y análisis de su eficiencia y eficacia.
Juan José Rubio Guerrero y José Guillermo Rodríguez Sánchez de la Nieta forman parte del Grupo de investigación en financiación descentralizada de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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