Las personas del PSOE y del PP que dirigen la política regional y municipal de Cuenca están eufóricas con el fallo del Tribunal Supremo validando la clausura de la línea 03-310 Aranjuez-Cuenca-Valencia. Como promotoras de la destrucción del servicio público de ferrocarril para favorecer la especulación de los terrenos públicos, están encantadas con el momentáneo fracaso del recurso de los Ayuntamientos de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Vellisca, Villora, y Yemeda.
Su euforia es un estado de alegría tan intensa que les provoca un optimismo excesivo que se manifiesta en que gobiernan sin sentido de la responsabilidad y escasa prudencia. Se están olvidando de que su victoria judicial es parcial porque quedan dos recursos pendientes ante el Tribunal Supremo y que los “Pueblos por el tren” pueden seguir interponiendo recursos en otras instancias jurídicas para defender la dignidad y los derechos de la ciudadanía. Así que todavía es posible revocar la sentencia del Tribunal Supremo que sacrifica la justicia en beneficio del poder de los Gobiernos y vulnera los derechos y libertades de las personas a las que se discrimina política, social, económica y judicialmente.
Pero quienes gobiernan se encuentran instalados en su peculiar euforia y de manera irresponsable prescinden de los procesos judiciales pendientes. Aprovechan la ocasión para pergeñar diseños y hablan de coser la capital, contando con las cantidades prometidas por ADIF a cambio de su colaboración en el llamado Plan XCuenca. Anuncian viviendas públicas, edificios educativos, culturales, deportivos y aparcamientos, contando con que habrá empresas dispuestas a darse el pelotazo a costa de los contribuyentes, que son los auténticos propietarios de los terrenos públicos del ferrocarril.
Ansiosos por conseguir sus objetivos, el Ayuntamiento, la Diputación de Cuenca y la Junta se han dirigido al administrador de infraestructuras ferroviaria (ADIF) solicitando que aligere y pague pronto los cuarenta millones de euros que les deben por colaborar en la destrucción de los servicios públicos. Nadie duda de que la empresa pública ADIF pagará a los encubridores de las ilegalidades perpetradas durante más de treinta años para degradar la línea férrea, haciéndola incómoda, ineficaz y lenta, hasta conseguir que la gente evite viajar en el tren regional.
A modo de conclusión, es posible sostener que nuestros políticos expertos en el “pormishuevismo”, sin medir las consecuencias de sus actos están impacientes por coser la capital de Cuenca a costa de desmantelar cuanto antes el servicio público de ferrocarril, que comunica una veintena de pueblos de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia. Como carecen de la indispensable prudencia para respetar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, corren el riesgo de que se produzcan situaciones irreversibles derivadas del desmantelamiento de la línea. Pero parecen dispuestos a todo, con tal de expandir los negocios privados a costa de los servicios públicos, aunque vulneren los derechos y libertades de la ciudadanía que reside en la España despoblada.
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