Grupo Griñó niega las irregularidades en el traslado de residuos

Grupo Griñó, empresa a la que está adscrita la firma que gestiona el vertedero de Almonacid del Marquesado, salpicado por una investigación liderada por la Guardia Civil sobre supuestas irregularidades en el traslado fronterizo de residuos procedentes de Italia, ha emitido un comunicado en el que niega “de forma categórica” las acusaciones vertidas sobre sus empleados y las sociedades del grupo.

Griñó un conglomerado de empresas familiar fundado en 1933 y especializado en la gestión y el tratamiento de residuos y servicios medioambientales, asegura que los hechos que son objeto de denuncia se circunscriben a la actividad de traslado de residuos transfronterizos, “que es perfectamente legal, y no llega al 2,5% del total de la actividad de negocio del Grupo”.

Como ejemplo, el conglomerado de empresas señala que “en Cataluña se están importando dos millones de toneladas al año y unas 38 empresas se dedican a esta actividad regulada, siendo una actividad perfectamente habitual en el sector, mientras que las acusaciones al Grupo Griñó están relacionadas con el traslado de apenas 40.000 toneladas al año”.

“Las empresas del Grupo Griñó cuentan con las autorizaciones y permisos de las Administraciones Públicas para la gestión de residuos, y con las autorizaciones de traslado de residuos de otros países europeos. Además, están sometidas a inspecciones y controles periódicos” afirman desde el grupo afincado en Cataluña.

Con relación a los residuos importados desde Italia, han garantizado que en ningún caso se trata de materiales o residuos tóxicos, ni peligrosos para la salud o el medio ambiente.

Griñó manifiesta su respeto a la labor de la Justicia y ha asegurado que prestará toda la colaboración necesaria a las autoridades policiales y judiciales para lograr el total esclarecimiento de los hechos, pero asegura que los hechos de los que han informado los medios de comunicación “no se corresponden con la realidad y algunas de las valoraciones procedentes del atestado policial no tienen más valor que el de una denuncia sin prueba alguna)”.

La compañía se hace eco además de un comunicado de la Agència de Residus de Catalunya que probaría que en dos de sus plantas de residuos, las de Constantí y Riba-roja, se han realizado 55 inspecciones en dos años sin que se hayan detectado residuos no autorizados.

Grupo Griñó ha proclamado que durante el proceso judicial “demostrará que su actividad empresarial se ha ajustado en todo momento a la legislación nacional e internacional, y que las acusaciones, que dañan gravemente su reputación, carecen de sustento” y zanja la cuestión avisando que no hará más valoraciones por respeto al proceso judicial.

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