En el pleno de las Cortes regionales de octubre del 2024 el presidente Page mostró su optimismo porque un hecho estructural como “tener tanto territorio y ser tan poca gente” es hoy un factor de oportunidad para el desarrollo de las energías renovables. Alardeó de que ahora tenemos la tierra ocupada con algo que da rendimiento y valor añadido a la región: placas fotovoltaicas y molinos de viento. Presumió de que Castilla-La Mancha crece económicamente y es la primera potencia en el sector de las energías renovables.
Sin embargo, existe un hecho estructural que también ha crecido y al que Page dedica escasa atención. El presidente no mencionó que en Castilla-La Mancha hay más pobreza y ha empeorado la calidad de vida de una parte importante de la población. No explicó a qué obedece que haya aumentado en el año 2024 la población en situación de exclusión social, en una región que crece económicamente y es primera potencia en el sector de las renovables.
Mientras que España logró reducir la población en riesgo de pobreza y exclusión, en Castilla-La Mancha han crecido en más de sesenta mil las personas en riesgo de pobreza, habiendo pasado de 655.700 en el año 2023 a 718.200 personas en el 2024. El aumento de la pobreza constituye un hecho estructural que atañe a la constitución de la región. Si es alarmante que la desigualdad y la pobreza aumenten, resulta desolador que el aumento de las personas en situación de pobreza se produzca cuando está teniendo lugar un importante crecimiento económico.
Llama la atención que al tiempo que la región progresa económicamente, haya más hogares con baja intensidad laboral, aumentando casi cuatro puntos el porcentaje en el último año (del 6,8% al 10,7%). Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran que aumentan las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, que pasan de las 653.100 (en el año 2023) a 787.500 (el 2024). De otra parte, se incrementan las personas con retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal, de 210.000 el año 2023 a 231.000 el 2024. Por último, hay 741.300 personas que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, cuando eran 684.600 el 2023 y, en fin, aumentaron de 178.500 a 180.600 en el 2024 las personas en situación de carencia material y social severa.
A la vista de estos datos, es posible sostener que las actuaciones del gobierno de Castilla-La Mancha favorecen la rentabilidad económica pero no la dignidad de toda la ciudadanía castellanomanchega ni los derechos reconocidos por la Constitución española. Quizás el gobierno de Page debiera abandonar sus veleidades populistas y desarrollar políticas centradas en las personas que promuevan más justicia y menos pobreza.
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