La Consejería de Desarrollo Sostenible ha abierto expediente sancionador y ha propuesto una sanción de 20.000 euros (10.000 por pago anticipado), para una granja porcina de Salmeroncillos de Abajo por incremento de la capacidad de la explotación ganadera sin la preceptiva autorización ambiental integrada.
Todo comenzó cuando los vecinos de Salmeroncillos se pusieron en contacto con Ecologistas en Acción de la Manchuela “ante la inacción de su ayuntamiento respecto al problema de carecer de agua potable desde hacía dos años debido a la contaminación de su captación”. Las sospechas estaban en esta explotación de porcino situada a escasa distancia de la captación del pueblo ( 150 mts).
En el proceso de averiguación sobre estos hechos, “se descubrió la escasa distancia de la granja a la captación y la falta de datos sobre esta, de la cuál sólo aparecía en el registro de actividades ganaderas una explotación con 5.619 cabezas la cual no contaba con ninguna autorización Ambiental Integrada, que hubiera sido obligatoria con dicho número”.
La organización ecologista solicitó por una parte la inspección de la balsa de purines, ante la sospecha de que la misma estuviera en el origen de la contaminación del acuífero y por otra información sobre la granja a la Junta de Comunidades , que a los dos meses contestó que no obraba en su poder más que un documento de inicio de actividad y un cambio de orientación zootécnica y que trasladaba nuestras peticiones al ayuntamiento y la Consejería de Agricultura.
Tras recurrir al Consejo Regional de Transparencia, la Consejería de Desarrollo Sostenible inició finalmente expediente sancionador,
De acuerdo con la documentación, de laque se ha hecho Ecologistas de la Manchuela y que ha sido consultado por Enciende Cuenca, los hechos fueron denunciados por Pueblos Vivos el 5 de diciembre de 2024.
Pocos días después de la denuncia se enviaba una inspección que ponía de manifiesto que la instalación ganadera estaba superando los umbrales permitidos.
Ecologistas en Acción ha alegado que no se puede tipificar la infracción sin conocer realmente el alcance de la misma, y”a que nadie ha actuado ni investigado ante las sospechas de que el origen de la contaminación sea la granja, lo que constituiría un delito ambiental al que habría que aplicar el principio de que el que contamina , paga”. O cuanto menos la encuadraría en el epígrafe que reza “que se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas”, lo que aumentaría la cuantía de la misma.
Afirman que “las administraciones, y especialmente la autonómica , pero también la local , se pasan la pelota de unas a otras, sin que ninguna haga bien su trabajo. Y mientras tanto nadie ha efectuado la inspección de la balsa de purines ni los análisis multi isotópicos que determinen el origen de una contaminación tan continuada en la captación de un municipio, que obliga a parchearla con costosos tratamientos de aguas en lugar de afrontar el problema. Resulta escandaloso de que en vez de investigar las cosas a fondo rijan criterios burocráticos sobre los ambientales.”
