“El miedo por el desgaste electoral ha llevado al alcalde Darío Dolz a claudicar ante la empresa que gestiona el servicio de transportes de nuestra ciudad”. Así de rotundo se ha expresado en nota de prensa el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Juan Guadalajara.
El PP considera que la nueva propuesta de transporte urbano, ha sido “diseñada y cuantificada de manera exclusiva por parte de la empresa concesionaria” y que el Equipo de Gobierno socialista lo que ha hecho es asumirla.
“No se necesitaba mucho para que el servicio de transportes de nuestra ciudad mejorara en relación con lo que hasta ahora estábamos recibiendo”, señalan los populares. Sin embargo, consideran importante “que los ciudadanos conozcan a cambio de qué se ha sufrido un servicio deficiente durante años y lo hipotecado que queda de cara al futuro, todo para que el Sr. Dolz llegue a mayo de 2027 con el menor coste político posible”.
Desde el Grupo Popular se alerta del riesgo de basar la nueva regulación del servicio en una subvención estatal ligada al cierre del tren convencional, “que aporta hasta 600.000 euros anuales hasta 2027, de los que ya se ha perdido la mitad”. Se preguntan qué ocurrirá después de esa fecha: ¿se reducirá el servicio?, ¿se cargará ese coste al presupuesto municipal?, ¿o se da por hecha su renovación? A juicio de los populares, “el alcalde actúa pensando únicamente en su supervivencia política, desentendiéndose de las consecuencias para el futuro de Cuenca”.
Critican también que la empresa concesionaria ha llevado la iniciativa durante todo el proceso, “imponiendo sus condiciones ante un gobierno local pasivo, que no ha supervisado ni fiscalizado sus actuaciones pese a numerosos incumplimientos: vehículos sin ITV, averías, retrasos, goteras… incluso una sentencia del TSJCLM ha obligado al Ayuntamiento a pagar más de 600.000 euros, con posibles futuras reclamaciones que podrían alcanzar el millón de euros”.
El también diputado provincial recuerda que “fue el propio Darío Dolz quien firmó este contrato en 2012, perjudicial desde su origen, y que en 2022 se prorrogó de forma apresurada y de dudosa legalidad para salvar la imagen del Equipo socialista de cara a las elecciones de 2023”. Han pasado dos años y medio sin soluciones, y aún quedan otros tantos por delante con un servicio hipotecado y los conquenses pagando las consecuencias”.
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