Pueblos Vivos advierte de que la Junta volverá a aprobar macrogranjas en Cuenca a partir de enero de 2025 y de que está prevista la construcción de hasta 60 plantas de biometano en la provincia.
Según explica la organización en nota de prensa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha preparado el paquete legal que pondrá fin a la moratoria a las macrogranjas porcinas que ha estado vigente desde 2022. Este paquete normativo incluye un nuevo decreto de purines, un plan de biometanización 2024-2030, cambios en la Ley de Evaluación Ambiental, cambios en la Ley de proyectos prioritarios para favorecer las plantas de biogás y una nueva Ley de Simplificación y Agilización administrativa.
“Este nuevo marco normativo permitirá que se vuelvan a conceder autorizaciones para macrogranjas de más de 2.500 cerdos de cebo y para ampliaciones, tras los tres años de pausa que permitió la moratoria”, afirman.
Reunión entre la Consejería y los colectivos vecinales y ambientalistas
El pasado 2 de octubre se celebró una reunión en la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible entre el director general de Calidad Ambiental (Tomás Villarrubia), el coordinador de Medio Ambiente (Javier Ariza) y las organizaciones Stop Ganadería Industrial (que agrupa a 30 plataformas vecinales de toda la región), Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y Greenpeace tras repetidas solicitudes de una reunión y de información sobre el fin de la moratoria por parte de estos colectivos.
Estos altos cargos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, responsables de la aprobación ambiental de los proyectos de macrogranjas, “afirmaron que la ganadería industrial en nuestra región tiene todavía mucho margen de crecimiento, poniendo como ejemplo Cataluña y Aragón (las mayores regiones por censo porcino), por lo que no se planea ningún tipo de limitación a su crecimiento”.
Los colectivos asistentes a esta reunión la califican de “extremadamente preocupante, ya que la Consejería con las competencias medioambientales defiende que Castilla-La Mancha aumente su censo porcino, y lo más grave es que tomen Cataluña como modelo a seguir, donde el 45% de los municipios están declarados como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola“.
Los colectivos agrupados en Stop Ganadería Industrial prevén que con el fin de la moratoria a partir de enero se tramiten un aluvión de proyectos de construcción y ampliación de macrogranjas que ahora están en pausa.
El nuevo Decreto de purines: sin cambios para las macrogranjas existentes
El gobierno regional ha presentado el proyecto de Decreto por el que se regula la gestión de estiércoles de explotaciones porcinas. Pueblos Vivos señala que en el preámbulo se reconocen los problemas derivados de la utilización de los purines como fertilizantes agrarios, “como son la contaminación de las aguas por nitratos, los vertidos no controlados o la contaminación atmosférica por emisiones de metano o amoniaco o la contaminación del suelo por metales pesados”.
“A pesar de ello, el decreto trae pocos cambios efectivos para mitigar estos problemas. Las macrogranjas de menos de 2.500 cabezas de cebo (que aglutinan el 45% del censo existente) podrán seguir aplicando los purines sobre los suelos agrarios, mientras que las explotaciones existentes que superen ese nivel tienen un plazo de 10 años para adaptarse a un nuevo método de gestión de purines, como por ejemplo llevarlos a una planta de biogás. Este mismo periodo de gracia se concede a la adaptación a la normativa de todas las balsas de purines. La misma concesión de este periodo supone un reconocimiento del hecho que muchas de ellas actualmente no están lo suficientemente impermeabilizadas, con los riesgos de filtraciones que ello supone. Según el decreto, estas adaptaciones serán objeto de ayudas por parte del gobierno regional”, comentan desde Pueblos Vivos.
Solo se les prohíbe el vertido directo de purines a las nuevas explotaciones de más de 2.500 plazas que se construyan a partir de ahora, y podrán optar o bien por el transporte a planta de biometanización o la separación sólido-líquido con el compostaje del sólido y la desnitrificación del líquido, eso sí, sin exigir ninguna cifra a la proporción de nitrato reducida.
“Por lo tanto, los purines de los 2,4 millones de cerdos existentes en Castilla-La Mancha, según las cifras del Registro Ganadero de la Junta del año 2022, se podrán seguir esparciendo en los campos en los próximos 10 años”, aseguran.
Además, el nuevo decreto de purines crea la figura del Grupo de personas Expertas en tratamiento de purines en Castilla-La Mancha (GETECLM) compuesto por expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembros del Gobierno regional y representantes del sector cárnico y ganadero. Destaca la ausencia de organizaciones ambientalistas y colectivos vecinales que sufren los efectos de las macrogranjas en sus municipios.
Al mismo tiempo se ha eliminado el artículo que inicialmente estaba en el borrador de este decreto y que permitía a los ayuntamientos establecer limitaciones al esparcimiento de purines en sus términos municipales. Sólo les permitirán limitarlos cuando vengan de fuera por “razones técnicas”.
El plan de biometanización pretende construir hasta 60 plantas en la provincia de Cuenca
Tras la reciente modificación de los criterios de la Ley de Proyectos Prioritarios se pretende desde la Junta facilitar al máximo la instalación de plantas de biogás vinculadas a la ganadería industrial, y en el plan de biometanización presentado se estima la construcción de un mínimo de 24 plantas y un máximo de 60 en la provincia de Cuenca.
Según las organizaciones vecinales y ambientale”s este plan responde a las presiones crecientes del lobby energético y de los fondos de inversión, que han descubierto un rentable negocio financiado con fondos europeos, y viene a perpetuar un modelo ganadero industrial claramente insostenible con una enorme huella de carbono producida en el proceso previo a biogás, y que en muchos casos supone entre el 85 y 90 por ciento de la huella total. Afirman que su promesa de descarbonización es un fraude en toda regla. Sostienen que el problema de la región es que de los 15 millones de toneladas de residuos que genera anualmente, el 70% viene de la ganadería industrial”.
En el plan de biometanización, según Pueblos Vivos, “no hay ninguna alusión al posible efecto de los vientos dominantes y, con el tamaño de macroplantas que se están planteando, las limitaciones de 3 km desde el núcleo urbano se quedarán cortas”.
Para estos colectivos, “es innegable que las plantas de biogás en la región provocarán un efecto llamada para la instalación de más macrogranjas en nuestra región, además de las molestias que provocarán para la población y sus riesgos ambientales. Ponen de ejemplo la planta construida en la localidad valenciana de Lluxent, que a pesar de que obtuvo un premio a mejor planta de biogás sigue produciendo insoportables molestias según la población, aparte de sufrir un reciente incendio y otros incidentes.
El gobierno regional sigue apostando por un sector dañino
Los colectivos integrantes de Stop Ganadería Industrial creen que “si la Junta pretende solucionar el grave problema de la contaminación por nitratos se debería aprobar una moratoria real de esta industria. Además, es una locura aspirar a acercarnos a comunidades como Cataluña y Aragón en términos de producción de porcino, cuando estas regiones tienen un grave problema de contaminación de aguas. Actualmente C-LM ya es la comunidad española con mayor porcentaje de sus tierras vulnerables a nitratos”.
Además, al seguir apostando por el modelo de ganadería industrial se va a contribuir al cambio climático y a sus consecuencias en forma de catástrofes climáticas. Según un estudio elaborado por científicos del IPCC y la FAO, el 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero está provocado por la ganadería industrial y en España se trata de la cuarta actividad más contaminante según el Ministerio de Transición Ecológica.
Los colectivos vecinales y ambientales afirman: “Está claro que esta reforma del marco legal está hecha a medida de la industria cárnica. De hecho, uno de los altos cargos que está diseñando este marco legal desde la Consejería de Desarrollo Sostenible es Javier Ariza, que fue director Técnico-Sanitario del matadero de INCARLOPSA en Tarancón.”
Además, “el periodo concedido a las macrogranjas para la adaptación al nuevo decreto de purines es excesivo, ya que en 10 años la contaminación de los acuíferos de nuestra región puede agravarse muy seriamente. De hecho, en un periodo de 10 años (2011-2021) se han ampliado las zonas vulnerables a nitratos en España en casi 4 millones de hectáreas, según datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica”.
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