Diez ayuntamientos afectados por el cierre de la línea Madrid-Cuenca-Valencia han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales al considerar, entre otras cuestiones, que, en el proceso de clausura de este transporte público, sufrieron indefensión al no poder presentar alegaciones en contra del informe en el que se basó el Gobierno de España para suprimir el tren.
En este recurso, y al hilo de este argumento, los recurrentes dudan de la legitimidad e imparcialidad de este informe, “elaborado por la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”. De hecho, miembros del Consejo de Administración de la mencionada INECO desempeñan cargos en el propio Ministerio.
Los municipios que inician este nuevo proceso judicial ante el Constitucional son los de Aranjuez, Arguisuelas, Camporrobles, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Castillejo del Romeral, Huete, Santa Cruz de la Zarza, Víllora y Yémeda. El alcalde de uno de estos Ayuntamientos, el de Huete, Francisco Javier Doménech, ha querido insistir en que “vamos a mantener la lucha judicial para defender nuestro ferrocarril y, por tanto su reapertura, hasta el final. Si levantan las vías nos vamos a tener que despedir del tren en la provincia de Cuenca para siempre”. “Nos jugamos mucho”, ha aseverado Doménech. El primer edil ha reconocido que “nos gustaría haber tenido que evitar acudir a los tribunales, pero la sinrazón de los actuales gobernantes, sobre todo del Gobierno de España, no nos deja otra opción”. Precisamente una de las medidas que han pedido los Ayuntamientos en este recurso es que se paralice el levantamiento de las vías ya que el desmantelamiento de la infraestructura ocasionaría perjuicios para los municipios de muy difícil reparación.
Francisco Javier Doménech ha recordado cómo “además de las dudosas razones que recoge el informe de INECO para cerrar nuestro tren, entre las que se encuentra que se afirma que no es rentable ni social ni económicamente, los Ayuntamientos recibimos esta documentación fuera de plazo, por lo que no pudimos alegar, ni rebatir ni comprobar datos”. También cuestiona Doménech que las razones para que los ciudadanos cuenten o no con un servicio público sea su rentabilidad, “porque entonces nos tendríamos que despedir de numerosos servicios básicos y más en la España Rural”, señala.
En el recurso presentado ante el Constitucional también se menciona la discriminación a la que se somete a los ciudadanos, en concreto a los afectados por el cierre del tren, “por su lugar de residencia. Mientras en otras partes de España se invierte en el ferrocarril y en infraestructuras relacionadas con él, a la provincia de Cuenca no ha llegado ni un euro”, apunta el alcalde optense. Doménech ha querido recordar cómo en otras partes de la propia Castilla-La Mancha se ha apostado e invertido en este transporte, con Parques Logísticos o Puertos Secos y cómo a Cataluña, por ejemplo, el Gobierno de España ha destinado 6.300 millones de euros para su tren regional. “¿Por qué en la línea Madrid-Cuenca-Valencia no hemos visto ni un solo euro de los 24.200 millones que tiene el Ejecutivo Central de fondos europeos para invertir en el ferrocarril?”, pregunta Doménech.
“Creemos que con el cierre del tren se han vulnerado los derechos fundamentales de nuestros ayuntamientos y, por tanto, de nuestros vecinos y que esta decisión nos perjudica gravemente no solo en el presente sino de cara al futuro, a nuestro desarrollo”, afirma Francisco Javier Doménech. “Lo único que consiguen los gobernantes socialista de las instituciones que defiende y quieren poner en marcha el Plan X Cuenca es que nuestra provincia pase a la historia como la única de España sin tren y por tanto sin la posibilidad de poner en marcha actividades empresariales o turísticas relacionadas con este transporte”. “En definitiva, nos condena a una desigualdad entre territorios que propicia que en España haya ciudadanos de primera y de segunda”, concluye el alcalde de Huete.
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