El exalcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, y dos concejales de su Corporación se enfrentan a una petición de pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en el juicio que se celebrará este miércoles en la Audiencia Provincial de Cuenca.
Según el escrito provisional de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a enero de 2020, cuando se reunió la mesa de contratación que tenía que estudiar las ofertas de las ocho empresas que se presentaron a una licitación para la adaptación del pabellón ‘Santa Lucía’ de Quintanar del Rey como auditorio.
La máxima puntuación la consiguió la empresa Tecesa, por un importe total de ejecución de 75.151,89 euros IVA incluido. Posteriormente, de acuerdo con el escrito, antes de la adjudicación de la obra los acusados organizaron una reunión privada de replanteo a la que únicamente asistieron los acusados, la dirección facultativa y el técnico municipal, así como la empresa licitadora Tecesa.
En ella, se recogió una propuesta de modificación esencial del objeto del contrato inicial y su importe, 36.515,34 euros, “sin poner los acusados esta modificación esencial del contrato inicial, cuyo importe suponía un aumento del 48,58% del importe de la obra inicialmente proyectada, en conocimiento de la interventora y sin conocimiento del resto de las empresas licitadoras, privándoles de la oportunidad de conocer los términos por lo que se licitaba y siendo conocedores los tres acusados de que debía haberse realizado una nueva licitación pública”.
El 12 de marzo de 2020, los acusados se reunieron en la mesa de contratación para proponer la adjudicación del contrato a Tecesa. El 15 de abril se formalizaba el acuerdo por un importe de 75.151,89 euros, del que resultaron dos certificaciones de obra, la segunda de ellas fuera del plazo previsto de entrega. En el mes de septiembre de 2020, la empresa adjudicataria solicitó formalmente la modificación sustancial del contrato inicialmente proyectado, con un importe adicional de 36.515,34 euros, “incremento que ya había sido facturado por dicha empresa a dicha fecha, ejecutándose dicha ampliación de obra al tiempo que la obra objeto del contrato inicial”, según la acusación.
Finalmente, el alcalde y los miembros de la Corporación, “siendo conocedores”, desde el punto de vista de la Fiscalía, de que no habían seguido el procedimiento legalmente previsto para la aprobación de la tercera certificación de obra, que precisaba informe previo y preceptivo de la interventora, la llevaron para su aprobación a la Junta de Gobierno, a pesar del informe negativo presentado en dicha fecha por parte de la interventora “por omisión de fiscalización al no existir expediente legal”.
El 7 de octubre, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, a la que asistieron los tres acusados y el secretario municipal para dar fe, se aprobaba la factura ya ejecutada y abonada con el voto favorable del alcalde y sus dos concejales.
El escrito señala también que el 9 de octubre el alcalde Martín Cebrián citó a los representantes del Partido Popular y de Podemos para comentarles que había surgido un “problema” con la tercera factura “con la única finalidad de conseguir la aprobación de los mismos”.
Finalmente, el 3 de diciembre de 2020, en sesión ordinaria del pleno municipal, a preguntas del portavoz del Partido Popular el alcalde Martín Cebrián reconoció “expresamente” su responsabilidad acerca de la celebración de la reunión privada con la empresa antes de la adjudicación, la autorización los cambios en el proyecto inicial, de no haber realizado actas de las reuniones celebradas ni haber publicado los cambios durante el proceso de licitación, “aprobando la autorización y aprobación del gasto sin el conocimiento ni consentimiento de la Intervención”.
Los hechos descritos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, por el que los acusados se enfrentan a una posible inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante diez años.
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