“Esto se ha puesto fatal”. Es la misma respuesta cuando preguntas a cualquier persona de tu alrededor que vive de alquiler o quiere acceder a un piso o una casa. La crisis de la vivienda se lleva por delante los esfuerzos sindicales para mejorar los salarios, esquilmando los ahorros de los eslabones más débiles del mercado de trabajo en nuestra región. Es el primer problema social, y hace falta más implicación. El Gobierno de Castilla-La Mancha debería dejar de lado las viejas fórmulas de liberalización de mercado y, haciendo uso de su potestad de legislar, lanzar una ley de vivienda regional que asegure el derecho a la vivienda.
No hay tiempo que perder, como se va a escuchar este fin de semana en la región y en muchos otros puntos del país. Aquí no escapamos a la concentración de vivienda de grandes tenedores. Los datos del parque de vivienda de las provincias de la región en manos de grandes tenedores (que tienen más de 5, más de 10 y hasta más de 100 inmuebles) son incontestables, y no hay lugar para garantizar el derecho a la vivienda. Sufrimos un mercado concentrado de propiedad. Las diferentes administraciones públicas se han limitado a echar gasolina al fuego del abuso inmobiliario, la especulación pura y dura, y hay que decir basta.
Alquiler y gastos corrientes se llevan más del 30% de los sueldos de las personas trabajadoras en la región. Ante la gravedad de algo así, es momento de subrayar que hay alternativas, y que en CCOO presentamos recientemente un amplio documento que se preocupa y ocupa de la gran brecha social que se abre en cada municipio y en cada ciudad. Asegurar el derecho a la vivienda de Castilla-La Mancha debe partir de la debilidad salarial que conforman los trabajadores y trabajadoras en la región, frente al resto del Estado por nuestro tejido productivo. Debe abordarse desde una perspectiva multinivel (Estado, comunidades, diputaciones y municipios), y debe afrontarse ya. Entre las propuestas más necesarias, a nivel autonómico es urgente regular el precio del alquiler en zonas tensionadas, y crear un cuerpo sancionador que pare los incumplimientos en materia de contratos de arrendamientos entre particulares. Es momento también de que se movilice la vivienda vacía, y por supuesto articular un mecanismo para la supervisión de vivienda en manos de grandes tenedores o multipropietarios.
Nos toca mover ficha, y repensar el sistema de vivienda en clave estatal, regional y municipal. La legislación sigue siendo especialmente sensible para cumplir los intereses del sector de la construcción e inmobiliario. Se agrava el problema al subvencionar con recursos públicos la propiedad inmobiliaria, y se juega al despiste al inflar la problemática de la ocupación. En resumen: Quieren salir del agujero cavando hacia abajo. Mientras, para que el sacrosanto libre mercado haga bajar el precio del alquiler y la compraventa, a la clase trabajadora nos falta bailar la danza de la lluvia. Es tiempo de organizarse y hacer a los poderes públicos mover ficha. Por eso, este sábado nos escucharán también en las calles.
Juan Carlos del Puerto es secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO CLM
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