CEOE CEPYME Cuenca, FOES y CEOE-CEPYME Teruel hacen una valoración positiva de que en la disposición adicional centésima décima quinta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2022 incluya las ayudas estatales de finalidad regional para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel dentro del marco establecido a nivel europeo. El proyecto de PGE afirma que el Gobierno “establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado”.
Eso sí, los empresarios recuerdan que el hecho de que se hayan incluido en los presupuestos no es sinónimo de que se pongan en marcha, y por ello es necesario seguir trabajando para hacer efectiva esta posibilidad, y por ello seguirán los pasos en las negociaciones de los presupuestos y solicitarán una nueva reunión con los responsables políticos y técnicos del Ministerio de Hacienda, ya que quedan por concretar los detalles de su aplicación práctica en el plazo más breve posible y también quieren instar a su inmediata puesta en marcha porque son fundamentales para evitar la progresiva despoblación de estos territorios.
Camino iniciado
Este paso sigue el camino empezado por el lobby de las empresas de Cuenca, Soria y Teruel con la presentación en 2019 del informe sobre ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’ donde se cuantificaba el coste y el retorno a las arcas públicas que podrían suponer las diferentes medidas fiscales disponibles, así como su contribución a la hora de corregir los desequilibrios territoriales provocados por la despoblación.
En septiembre de 2020 se dio otro paso fundamental con la presentación por parte de las organizaciones empresariales y de las Comunidades Autónomas de las alegaciones al borrador de las Directrices de Ayudas de Estado previstas para el periodo 2022-2027. En el caso de las tres CEOE, su contenido se fundamentó en presentar un diagnóstico demográfico de las tres provincias, seguido de un análisis de su estructura económica y del tejido empresarial.
Con ello se evidenció, de una parte, las similitudes demográficas existentes con las regiones escandinavas y, por otra, que la aplicación de estas ayudas no afectaría a los principios de competencia y libre mercado ni a escala nacional ni europea. La Comisión Europea incluyó estas alegaciones en el texto definitivo de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional, reconociendo a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas destinadas a las empresas al objeto de compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación.
Gracias al esfuerzo conjunto desarrollado por la Red SSPA y de sus respectivas Comunidades Autónomas se ha logrado el reconocimiento por parte de las autoridades comunitarias y ahora también de las españolas.
Eficacia
Para las CEOE es importante que la fórmula que elija el gobierno para aplicar estas ayudas sea lo más eficaz posible, por ello es necesario aplicar el máximo del porcentaje permitido por Europa, es decir un 20%, en la fórmula de una reducción de costes laborales.
La reducción de los costes laborales de las empresas es un instrumento que se aplica por el gobierno noruego desde 1975, cuyo objetivo es incrementar el empleo en las regiones socioeconómicamente más vulnerables, mejorando su competitividad y aumentando su cuota de mercado. Este aumento de la competitividad se traduce no solo en la creación de más empleo, sino también de mejor empleo con el aumento de los salarios, gracias a su trasposición a la negociación colectiva. Los resultados de esta política se pueden ver reflejados en el crecimiento de la población de más de un 5% en las regiones consideradas “muy escasamente pobladas” durante la última década.
Las ayudas de funcionamiento podrían tener otra forma, por ejemplo, subvenciones para reducir los gastos corrientes de las empresas, es decir un beneficio positivo en vez de la minoración de una carga (como sería el caso de la bonificación a la Seguridad social). Por eso, tras conocer el borrador de PGE podemos decir que la primera es posible que no sea la fórmula a aplicar, puesto que si así fuera debería haber llevado aparejada la partida necesaria para sufragar esas subvenciones a empresas. En el caso de la reducción de costes laborales vía bonificación a las cuotas de la Seguridad social, entendemos que lo que se plantea es un menor ingreso para el Estado, razón por la que no figura ninguna partida en los PGE.
Un antes y un después
La aplicación de estas ayudas marcaría un antes y un después en la situación económica de las tres provincias, y en concreto de cada una de las empresas que integran el tejido productivo de Soria, Cuenca y Teruel. Pero como recuerda la Red SSPA también se trata de una oportunidad para el conjunto del país, ya que España disfruta ya de una importante ventaja competitiva, ya que las ayudas de funcionamiento solo son aplicables en áreas muy concretas de Europa y no sería entendible desaprovechar una herramienta tan extraordinaria para atraer inversiones y empresas que, de otra forma, terminarán por implantarse en otros territorios de Europa.
Además, España asumirá la presidencia del Consejo Europeo el 1 de julio de 2023, por lo que las CEOE consideran que es la mejor oportunidad para que el Gobierno lidere las políticas necesarias para que la cuestión de la despoblación y el reto demográfico adquiera todavía mayor peso en el conjunto de las políticas comunitarias, algo que resultaría difícilmente explicable ante los socios comunitarios si, teniendo la posibilidad no se aplicasen estas ayudas.
