El secretario general del UGT FICA Castilla-La Mancha, Raúl Alguacil, ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria desde una perspectiva verde y territorial “que dé respuesta a la España vaciada” y que incluya acuerdos en materia de energía, transición energética e I+D+i.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la celebración de la jornada “Los retos de Castilla-La Mancha. Hacia la Transición Energética” organizada por UGT y CCOO en Puertollano (Ciudad Real), un foro en el que -con la presencia de la consejera de Económia, Empresas y Empleo, Patricia Franco– se ha abordado la evolución de la comarca de Puertollano y de España en esta Transición Energética así como el Plan Energético de Repsol.
En su intervención, Raúl Alguacil ha apostado por un nuevo sistema productivo y social que constituya una importante fuente de empleo verde y de calidad. Ha reivindicado igualmente soluciones que faciliten la diversificación económica y el desarrollo, contando con la participación real y efectiva de los agentes sociales durante todo el proceso. También que aspectos como la Transición Justa o el desarrollo de energías renovables sean potenciados.
Por su parte, el secretario general de UGT FICA Ciudad Real, Antonio Torres, ha puesto el acento en la participación y colaboración que deben brindar las partes afectadas en el proceso de transición energética, un proceso en el que –añade- siempre debe haber consenso y diálogo social.
Defiende que “sin participación de los trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos no podrá haber una transición justa” y que las inversiones y eficiencia energética deben ir encaminadas a “crear empleo de calidad”.
En opinión de Antonio Torres, la evolución también debe darse en materias como la actividad sindical, “anticipándonos a las nuevas tendencias y asesorando, concienciando e informando en todo momento de su repercusión”; el papel de la mujer, dando visibilidad a sus aportaciones como agentes del cambio y la mejora de las condiciones de trabajo; el papel de los jóvenes y el paso a una renovación generacional más cualificada; la formación, remodelando el modelo educativo y los sistemas profesionales asociados a la economía sostenible e introduciendo cláusulas de formación para la transición energética en los convenios sectoriales; y la salud y seguridad, eliminado y reduciendo los riesgos laborales para que haya unas condiciones de trabajo seguras.
“Evolucionar es progresar, mejorar, cambiar y aprender para garantizar un estado de bienestar que satisfaga a la sociedad. Todos debemos aportar y colaborar para conseguirlo”, concluía.
“Es fundamental que haya diálogo social”
Por último, para que haya una transición justa Gustavo Vargas, secretario sectorial de Energía y Agua de UGT FICA Estatal, afirmaba que es fundamental que haya diálogo social, marcar unas políticas de energías de soporte y anticiparse a los daños directos y colaterales que pueden generar estas políticas.
En su intervención Gustavo Vargas ha planteado ante los asistentes un decálogo en el que debe sustentarse esta transición y es que para que la transición energética sea “justa, social y responsable” debe haber –apuntaba- “diálogo social” y participación de todos los agentes interesados, incluido los sindicatos, en el diseño de los planes de transformación y en las tareas de seguimiento. También considera fundamental orientar la financiación hacia inversiones generadoras de empleos sostenibles así como anticiparse a los efectos que pueda tener la transición energética e industrial para paliar sus consecuencias.
La adaptación rápida de la administración; la deslocalización –cada región, sector y comunidad en situación de riesgo requiere su propio plan de diversificación económica-; la garantía de suministro; y evitar a toda cosa generar nuevas bolsas de discriminación social, considerando la electricidad como un servicio básico de primera necesidad, son otros de los aspectos señalados por el secretario sectorial de Energía y Agua de UGT FICA Estatal en su decálogo, un decálogo que concluía con tres necesidades más: fondos y políticas de reconstrucción dirigidos a la transición justa y hacia inversiones generadoras de empleos sostenibles; entender la transición ecológica como motor para la creación de empleo; y responsabilidad y compromiso para crear una sociedad con bajas emisiones de carbono y respetuosa con el clima.
