CCOO exige en nota de prensa al alcalde de Quintanar del Rey” que cese de vejar al alumnado y profesorado de la Universidad Popular, de acosar a su coordinadora y de degradar esta institución municipal, que con más de 500 personas inscritas y unos 20 cursos ofertados es la segunda Universidad Popular más importante de la región después de Albacete capital.
Según este sindicato, la Universidad Popular “es el único edificio municipal de Quintanar del Rey que incumple toda la normativa sobre Accesibilidad y mantiene intactas todas las posibles barreras para las personas con discapacidad; lo que día a día provoca situaciones no solo difíciles y peligrosas, sino incluso vejatorias: una alumna llega en su silla de ruedas hasta las puertas UP, donde entre cuatro compañeras la alzan y, sosteniéndola entre todas, la suben a pulso dos tramos de escaleras. Luego, bajan de nuevo y le suben su silla. Al finalizar la clase, repiten la operación, que en bajada es aún más arriesgada.
El mismo trayecto tienen que hacer las alumnas de Enseñanza de Máquina de Coser, “cada una cargada con su máquina, que pesa lo suyo y no todas son jóvenes y fuertes. Varias de ellas han renunciado ya a seguir acudiendo a la Universidad Popular porque el esfuerzo las supera”, afirma el sindicato.
CCOO denuncia que el edificio mantiene aulas cerradas “”por decisión del primer edil municipal; que, ante las demandas de espacios de la coordinadora, monitoras y alumnas, ha ordenado que las clases de la Escuela de Espalda se impartan en los pasillos del edificio de la Escuela de Música y alas 60 alumnas de Pilates las ha enviado a un sótano sin ventilación”. Una de ellas se negó a “dar clases en un sótano sin ventilación y oliendo a desagües”, como explicó en su Facebook.
La coordinadora fue relegada en junio del año pasado, pero fue repuesta en noviembre por sentencia judicial
“La coordinadora de la Universidad Popular lleva años reclamando un montacargas, un ascensor, rampas que permitan el acceso a las personas con discapacidad, aulas y espacios dignos para las 500 personas que cada curso se inscribe en la UP… Pero en vez de atenderla, el alcalde la relegó en junio del año pasado de sus tareas y funciones, en las que tuvo que ser repuesta en noviembre por sentencia judicial”, recuerda Ángel Castellano Bobillo, coordinador del Sector Local de CCOO-FSC de Cuenca.
La sentencia ponía textualmente de relieve “el prestigio y éxito social” alcanzado por la Universidad Popular de Quintanar del Rey “gracias al extraordinario buen hacer de la coordinadora”, bajo cuya dirección “ha ido creciendo exponencialmente en el número de alumnos y cursos impartidos, ofertando un catálogo de actividades muy variado y de interés, logrando una excelencia en la labor desarrollado de prevención e integración social de distintos colectivos que puedan estar en riesgo de aislamiento y/o de exclusión social (discapacitados, tercera edad, mujeres en riesgo de violencia de género, jóvenes con diferentes problemas personales, menores, etc.) tanto de sus propios vecinos como de otras localidad cercanas que se han matriculado en la citada UP, así como una labor en la difusión de la cultura en general dignas, todas ellas, del mayor elogio”.
“Lejos de admitir el análisis y la valoración judicial de los hechos probados, el alcalde ha reaccionado a la sentencia poniendo todo de su parte para degradar el servicio que ofrece la Universidad Popular. Este señor es un alcalde del PSOE, pero parece un ultraderechista, de Vox o de más allá: está utilizando la clásica fórmula de los peores enemigos de los servicios públicos; esto es, deteriorarlos para que funcionen cada vez peor y terminar justificando su cierre”, alerta Bobillo
