El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción ante la ratificación judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de las medidas adoptadas en la Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El Tribunal confirma que se trata de medidas que están justificadas y tienen como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de personas especialmente vulnerables y que pueden considerarse necesarias e idóneas para hacer frente a esa situación de tasas ascendentes de contagios, valorando igualmente la escasa incidencia que tienen respecto a los derechos fundamentales afectados.
Así, en cuanto a las visitas, el Tribunal ratifica la limitación de una visita por residente y semana, y de duración máxima de dos horas. Dichas visitas deberán ser gestionadas mediante cita previa con el centro.
Se ratifica también la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa a las personas que ingresen o reingresen al centro y también a las personas trabajadoras de los centros, diferenciando respecto a éstas según hayan sido o no vacunadas, que se justificarían por la necesidad de evitar transmisión para los pacientes o residentes en esos centros dada su mayor vulnerabilidad, y evitando así que quede afectado el funcionamiento de los centros.
En este caso, el Gobierno regional pondrá a disposición de los centros residenciales para mayores y personas con discapacidad, pruebas diagnósticas de infección activa. Estas medidas preventivas, estarán vigentes finalmente hasta el próximo 17 de enero de 2022.
La Justicia avala las medidas preventivas adoptadas para las residencias de Castilla-La Mancha
