El Plan de Impulso a la Economía Social es uno de los elementos del llamado Componente 23 de el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido presentado este lunes por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que puede tener mayor repersución en la provincia de Cuenca al poner el foco en el “desarrollo local y al arraigo de la población mediante la generación de empleo estable y de calidad”, de acuerdo con el documento que desarrolla el citado Componente 23.
Este documento prevén en su Plan de Economía Social, invertir en áreas vinculadas con la inclusión de colectivos vulnerables, como el cuidado de personas mayores y dependientes; con la sostenibilidad, como la generación de energías renovables; o con la digitalización, como la capacitación digital en el medio rural y en el sector agroalimentario.
Entre las líneas de actuación está la puesta en marcha de un programa de generación y mantenimiento del empleo de empresas viables que estén atravesando dificultades o sin relevo generacional, mediante su conversión en fórmulas empresariales de la economía social (cooperativas y sociedades laborales), gestionadas por los trabajadores.
Hay también programas de creación y consolidación de entidades de la economía social con carácter innovador, incidiendo en el relevo generacional y en el emprendimiento juvenil; de apoyo a la digitalización de las empresas de la economía social, con especial incidencia en la ciudadanía de las zonas rurales; de promoción de las redes de cooperativas, sociedades laborales y otras fórmulas de economía social y de impulso de las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
En total serán 100 millones de euros destinados a proyectos de creación y de transformación de empleos, a actuaciones de asesoramiento, formación y capacitación, y a la creación de herramientas digitales. En el año 2022 se contará con 20 millones y en el año 2023 con los restantes 80 millones.
Por otro lado, otra rama de este Componente es la que tiene que ver con la promoción del empleo joven. Hay tres programas: uno subvencionar proyectos de formación en alternancia con el empleo; otro para impulsar las primeras experiencias profesionales en el seno de la Administración Pública y un tercero para que un plan de empleo para que personas jóvenes investigadoras puedan trabajar en organismos y universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos y empresas que inviertan en investigación e innovación.
Para el programa TánDEM hay 40 millones anuales por 3 años (120 millones). Para el programa de primeras experiencias profesionales, 330 millones de euros: 160 millones de euros en 2021, 110 millones en 2022 y 60 millones en 2023 En el programa Investigo, 315 millones de euros en 3 años: 155 millones
El componente desgranado por Díaz también tiene que ver con la regulación del teletrabajo y medidas para combatir la brecha de género en el empleo. En este último apartado, se pondrán en marcha planes específicos para mejorar la capacitación de las mujeres de las áreas rurales y urbanas. En este apartado habrá 45 millones de euros en 2021, 25 millones en 2022 y 5 millones en 2023 (total 75 millones de euros) en el Plan para empleo urbano rural. Al menos un tercio de la inversión se dirigirá preferentemente a proyectos en los municipios de menos de 5.000 habitantes de las áreas rurales.
Finalmente, el plan propone una modernización del programa de Fomento del Empleo Agrario “para que sirva de modo más adecuado al mantenimiento de rentas y fijación de la población en el ámbito rural deprimido, a la vez que suponga la mejora de competencias y empleabilidad de las personas a través de la formación y la mejora material de las instalaciones de los propios municipios que obtienen fondos para contratar a sus trabajadores agrarios fuera de temporada”.
“Un nuevo Contrato Social”
Díaz ha cifrado, en las históricas altas tasas de paro y precariedad, la “ineficacia” de las anteriores respuestas legislativa. “Han sido nocivas y se va a reformular el contrato social, contando con distintas voces”, ha dicho. Será “un pacto intergeneracional, con un futuro para todas y todos. Esto es lo que permite esta transformación.
Un contrato social, que recupere la movilidad social, y que permita trabajo decente a los jóvenes y pensiones decentes”, dijo la vicepresidenta tercera, que espera que ese documento constituya un refuerzo de las instituciones democráticas de España. “Ese contrato social debe mirar a la ciudadanía y a nuestras instituciones”, insistió, recordando la implicación de los agentes sociales y de los desempleados en su definición.
Con todas estas reformas, que estarán en el BOE antes de que acabe el año, ha recordado Díaz, “se busca devolver los derechos que han sido arrebatados en las anteriores crisis a las personas trabajadoras”.
