El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca ha presentado en el Pleno que se celebra hoy una moción en la que pide a la institución que inste al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “a mantener las vías ferroviarias existentes en la línea de tren convencional en el tramo correspondiente entre Tarancón y Utiel así como las estaciones y apeaderos y terrenos suficientes para garantizar la posibilidad de la puesta en marcha de la línea ferroviaria que el propio Ministerio ha anunciado su cierre y desmantelamiento”. Con esta iniciativa, los populares pretenden, “dejar abierta la posible reapertura del tren, cerrado por un Gobierno concreto, el de Pedro Sánchez, con la complicidad de sus aliados en las instituciones conquenses y en contra del resto de partidos que no son el socialista y del sentir general de la sociedad”.
Los populares han recordado como el pasado 30 de noviembre, una representante del Gobierno de España anunciaba el cierre del tren “avalado por las administraciones políticas socialistas que gobiernan, hoy en día, el Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cuenca. Es decir, por Pedro Sánchez, García-Page, Martínez Chana y Darío Dolz”, aunque ahora algún cargo del Psoe se haya desmarcado de esta cuestión por la presión social y haya intentado achacar “la decisión de suprimir el tren convencional exclusivamente del Ministerio de Transportes”, declara el PP.
“Como alternativa, las cuatro administraciones públicas gobernadas por el partido socialista defienden un proyecto denominado XCuenca”, la Cruz de Cuenca”, ironizan los populares, “que no implica ni exige el desmantelamiento de la línea de tren convencional, sino que propone alternativas completamente compatibles de comunicación en autobús de los pueblos con la capital y mejora en frecuencias de los trenes de alta velocidad en la estación de AVE de Cuenca. En consecuencia, defendemos la conciliación de las nuevas propuestas de mejora en movilidad y el mantenimiento del tren convencional frente a la opción socialista de deteriorar el transporte público como se ha hecho estos tres últimos años y renunciar a la línea de tren que atraviesa la provincia”, reitera el PP.
Los populares solicitan que no se imposibilite la puesta en marcha del tren en el futuro
Los populares solicitan “que no se imposibilite la puesta en marcha del tren de cara al futuro porque el abandono, la resignación y la traición de los gobernantes actuales no deben inhibir esta posibilidad de desarrollo y movilidad”. “Solicitamos la renuncia al citado levantamiento de las vías del tren y su conversión en vía verde”, insisten y no se olvidan del dinero del que dispone el Estado para invertir en infraestructuras ferroviarias que se ha destinado en otras provincias y no a la conquense, “la aspiración primordial debe ser la de exigir al Ministerio de Transportes que se incluya esta línea en la inversión de 24.200 millones de euros anunciados por la ministra, y provenientes de fondos europeos, para el mantenimiento y mejora de los servicios ferroviarios nacionales, máxime tras las décadas de falta de inversión en una línea que comunica dos de las tres ciudades más pobladas del país”.
Los diputados populares siguen argumentando que “la provincia de Cuenca, con una extensión abrumadora, una dispersión poblacional notable y unos parajes naturales envidiables, no puede permitir el desmantelamiento de la línea de tren para que sea convertida en una vía verde. Las posibilidades de turismo natural en la provincia abarcan mucho más que el parche improvisado de destejer una línea ferroviaria para que crezca la maleza. Y, por supuesto, se debe rechazar que tengan que ser los ayuntamientos o la Diputación de Cuenca los encargados de mantener la vía verde en buenas condiciones puesto que no entra en sus competencias ni disponen de medios humanos y económicos para ello”.
Para concluir, apuntan los populares que “la anunciada transferencia a los ayuntamientos y la Diputación de las estaciones de ferrocarril y las vías verdes están despojando al territorio de las competencias del Estado, tanto en servicios como en infraestructuras. Sin embargo, debería ser al revés de modo que las administraciones supramunicipales refuercen su presencia y sus competencias en los territorios despoblados como soporte para avanzar en la igualdad constitucional y en el mantenimiento de la vertebración estatal”.
