El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la información pública y el proceso participativo de la Ley de Atención a la Infancia en la región, por un plazo de 20 días hábiles.
Así lo ha manifestado el director general de Infancia y Familia, Gregorio Gómez Bolaños, durante la celebración del Consejo regional de Infancia y Familia, que es el órgano de participación y asesor en esta materia, y en el que están representados los agentes sociales y las entidades que representan al Tercer Sector Social que trabaja con este colectivo en la región.
Asimismo, el director general de Infancia y Familia ha indicado que el borrador del anteproyecto de Ley de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha, “se ha presentado como una iniciativa legislativa que pretende establecer el marco de derechos de la infancia, así como las políticas y actuaciones que se destinan a promover la atención y la participación de la infancia en los ámbitos donde están presentes”.
“El espíritu de esta ley es poner el foco de la atención en la infancia, especialmente en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y en el apoyo a sus familias”, porque según ha puntualizado Gómez Bolaños, “las políticas destinadas a la infancia atienden necesidades de la infancia de hoy, pero son una inversión eficiente para la sociedad del futuro”.
En este sentido, Gómez Bolaños ha avanzado que el anteproyecto de Ley de Atención a la Infancia también “conlleva un amplio proceso de participación social, cuyo plazo para presentar propuestas por parte de la ciudadanía y la entidades se iniciaba este sábado y, desde mañana lunes 9 de abril, se encontrará disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su consulta”, para que las personas, las familias y las entidades puedan realizar sus aportaciones dentro del proceso de participación ciudadana.
La aprobación de esta ley es un objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha que con esta medida pretende actualizar su legislación y adecuarla a la realidad social actual para garantizar una atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes de la región y el apoyo a sus familias, tanto biológicas como acogedoras y adoptivas que necesitan el apoyo de los profesionales y de los servicios públicos, para llevar a cabo su importante labor.
