Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Madrid al cierre del tren convencional comparten con las presentadas por los otros pueblos la opinión de que no hay datos precisos para analizar la rentabilidad económica y social de la línea que se pretende suprimir.
En primer lugar, las alegaciones madrileñas señalan que la rentabilidad económica y social “no se puede vincular a la explotación del servicio” al tratarse de una línea declarada de Interés General, sino que debe abordar una “ponderación de efectos” que rodean a línea.
El Consistorio madrileño considera que el expediente de cierre “omite” documentos esenciales para evaluar la rentabilidad del tren convencional ni sabe “los propósitos del Ministerio de Transportes, Adif, Renfe, Junta de Comunidades, Diputación de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca”, una instituciones que la Corporación dirigida por Martínez Almeida supone que tienen “datos oficiales contrastables” como para firmar el protocolo para el cambio de uso de los terrenos ferroviarios.
Por otro lado, Madrid se une a las apreciaciones del colectivo de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que señalan la “incongruencia” que supone tomar decisiones “de relevancia estratégica del país” como el desmantelamiento de una infraestructura ferroviaria, en base a un “plan de movilidad” que no es más que “una mera idea urbanística” y “no garantiza una conexión interprovincial que mejore la actual”.
El Ayuntamiento de Madrid señala en sus alegaciones la omisión de un estudio de impacto ambiental, la ausencia de datos “determinantes” sobre tiempos y costes de los viajes, la omisión de una evaluación del impacto en el desarrollo local y que no se estudien las posibilidades del tren turístico.
Desde el punto de vista económico, Madrid critica que no se han ejecutado partidas de inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para mejorar la línea y defiende que, en condiciones normales de mantenimiento, el tren podría alcanzar en algunos tramos velocidades de hasta 160 kilómetros por hora.
Además, se advierte al Ministerio sobre los efectos negativos que puede tener el desmantelamiento del ferrocarril “al privarse de estaciones de mercancías en un radio cercano al centenar de kilómetros” y critican que tratar de ordenar un territorio sobre un “hub” en la capital provincial “penalizará a las poblaciones y grupos sociales más desfavorecidos”.
Finalmente, apuntan las alegaciones que un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el transporte por ferrocarril es más sostenible que el que se hace por carretera y “en una situación de emergencia climática parece inconcebible en el contexto europeo desmantelar una infraestructura ferroviaria”.
