UGT, CSIF y CCOO advierten de que las oficinas de documentación de españoles” vuelven a estar al borde del colapso” debido a la incapacidad de la Dirección General de la Policía “para asumir, desde su organización, el aumento de la demanda ciudadana de citas del DNI y del pasaporte que tradicionalmente se produce durante el período estival”.
Según los sindicatos, “estamos ante un escenario desalentador para la ciudadanía, en la época de mayor demanda del año y con una parte de las casi 300 oficinas de expedición de documentación al límite de llegar a la situación técnica de “saturación” en el sistema de citas previas”.
Una situación que se agrava en Castilla La Mancha, con un 40% de las oficinas de la provincia de Ciudad Real sin citas del DNI hasta la segunda quincena de agosto, y con oficinas que se reparten por Toledo, Cuenca y Guadalajara en donde no es posible conseguir cita hasta la primera quincena de ese mismo mes.
UGT, CSIF y CCOO exigen que se cubran los casi 2.500 puestos vacantes de personal no policial, que se mejoren sus condiciones laborales y se les dote de los medios técnicos adecuados, de manera que se pueda prestar el servicio público con la calidad que merece la ciudadanía. “El resto no son más que irresponsabilidades derivadas del abandono que sufren estas dependencias y de las erráticas decisiones tomadas por los mandos policiales en materia de gestión”, comentan.
Las organizaciones sindicales denuncian que, “tras dos años de haber sufrido la crisis sanitaria producida por la COVID19 -en los que se ha empobrecido la calidad del servicio público y las condiciones de trabajo de los empleados públicos y las empleadas públicas-, los responsables del organismo han continuado con una nefasta política de racionalización y gestión en materia de recursos humanos que aboca al colapso de las oficinas de documentación de españoles. Todo ello se está traduciendo en una progresiva pérdida de personal que ya supone que el organismo cuente con casi un 50% de puestos vacantes de personal no policial, plantilla a la que se encomiendan las tareas administrativas y de expedición dentro de la Dirección General de Policía.
La decisión de la Dirección General de la Policía de cubrir los puestos de expedición vacantes con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a quienes para ejercer esta labor se les detrae de tareas de seguridad ciudadana, no parece que estén dando los resultados esperados por los gestores del organismo. A este refuerzo con personal policial de carrera, se ha unido el paso de las nuevas promociones de policías en prácticas que han estado prestando servicio de manera rotatoria por estas oficinas sin que, por un lado, completen su necesaria formación policial, ni por otro sea una medida que haya contribuido a agilizar el servicio en estos centros de trabajo, a la luz de los resultados”.
Los representantes de los trabajadores y trabajadoras señalan que la cobertura de puestos administrativos por parte de agentes del CNP conlleva un sobrecoste de más de 140 millones de euros anuales para las cuentas públicas respecto de lo que supondría cubrir dichas plazas con personal de Cuerpos Generales de la Administración General del Estado y Personal Laboral. “De esta forma se juega con el dinero de toda la ciudadanía mientras se empobrece la calidad del empleo y el servicio público”, reseñan las centrales sindicales.
“Los gestores de la DGP parecen no saber que para cubrir una situación como la que se está produciendo en las oficinas del DNI existe la figura del funcionario interino. Eso es lo que se hubiera hecho si contásemos con un Técnico de la Administración del Estado al frente de la gestión de los recursos humanos en la DGP: plantear hace meses un nombramiento de funcionarios interinos para cubrir puestos en el DNI, hasta la incorporación de más trabajadores y trabajadoras a través de los distintos mecanismos de provisión de puestos de trabajo o la convocatoria de una oferta de empleo público adecuada para cubrir la enorme cantidad de vacantes existentes en nuestras dependencias”, advierten desde CCOO, UGT y CSIF.
Esta situación se replica en determinados territorios, como Madrid, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, y las provincias de Sevilla y Málaga, donde la mayoría de los equipos de expedición tienen las citas a 2 meses vista (fecha tope de la cita previa), solo pudiendo ser cogidas las del día en que se abre, con un rastro de colapso en el servicio que comienza a extenderse a las zonas habituales de vacaciones en la costa o el interior de todo el territorio nacional.
Otro número significativo de provincias tienen las citas del DNI entre 40 y 50 días, mientras que, salvo contadas provincias cuya cita está a pocos días vista, para el resto hay que esperar una media de 30 días. Situación que se estima que empeorará cuando empiece el período vacacional en la educación primaria y secundaria.
