Llegamos a este 28 de junio celebrando en Castilla-La Mancha el Día Internacional del Orgullo LGTBI de una manera muy especial, pero siempre reivindicativa. El pasado 5 de mayo, las Cortes regionales aprobaron por unanimidad la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en nuestra región. Una jornada que se tiñó de color, alegría, justicia y conquista en derechos humanos para toda una ciudadanía que, aún hoy, pese a los logros conseguidos, ha de continuar su lucha por el reconocimiento, la visibilidad y la consecución de su derecho a amar, a ser y a sentir en condiciones de plena igualdad y no discriminación.
¿Era necesaria una ley de estas características en Castilla-La Mancha? Si ya nuestra Constitución blinda derechos y libertades para todas las personas, sin ningún motivo que pueda justificar esa discriminación, ¿por qué era necesario hacer una ley específica para proteger los derechos y libertades de las personas LGTBI en nuestra región? ¿Por qué? ¿Es suficiente con la Constitución? La respuesta es no, no lo es.
La Constitución es nuestro gran marco jurídico para la arquitectura institucional de nuestro país y para la democracia, para los derechos y las libertades, para las obligaciones, para las políticas, para todo lo que hacemos bien o mal, pero solo con la Constitución no es suficiente. Nadie se ha atrevido nunca a protestar porque se haya aprobado una ley de protección de las personas con discapacidad, por ejemplo, aunque sus derechos estén protegidos en nuestra Carta Magna; por otro lado, y aunque haya quien lo cuestione, la mayoría de la sociedad acordamos hacer leyes que impulsaran la acción positiva para que las mujeres alcanzásemos la igualdad material y la igualdad de oportunidades que aún nos queda por conquistar.
Entonces, ¿por qué hay contestación para que se protejan con una ley específica en Castilla-La Mancha los derechos de las personas LGTBI? La Constitución, en su artículo 10, habla de la dignidad de la persona, del derecho a la intimidad personal y familiar; el artículo 14, del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Si nos centramos en el artículo 9.2, para aquellos que critican y dicen que no son necesarias leyes específicas, dice lo siguiente: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas -reales y efectivas, no solo legales- así como remover los obstáculos que impiden y dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos -y añado ciudadanas- en la vida política, social, cultural y económica”.
Esto es lo que dice la Constitución, por tanto, nos está dando a los poderes públicos el siguiente mandato: este es el marco jurídico, desarrollen leyes, y después de las leyes, reglamentos, decretos, programas, proyectos, subvenciones y todo lo que sea menester para acabar con la discriminación. Ese es el mandato constitucional y esta ley viene a desarrollar este encargo que protege los derechos fundamentales. En ese sentido, Castilla-La Mancha no es menos y las personas LGTBI de Castilla-La Mancha no son menos.
En cualquier caso, esta ley nos va a permitir hacer políticas efectivas, nos da el marco jurídico y es un paso hacia adelante para conquistar los derechos por los que las personas LGTBI llevan mucho tiempo luchando, siendo resilientes y visibilizando con ‘mucho orgullo’ la diversidad sexual.
Se trata, en definitiva, de un instrumento legal para proteger de manera efectiva los derechos humanos, para atender a quien tenga secuelas por un ataque violento o haya sufrido acoso o humillaciones que se producen en redes sociales y en persona. Esto es así. Podemos mirar hacia otro lado, pero sabemos que esto es así, y, por tanto, no podemos, y no debemos dar la espalda a esta realidad porque la inmensa mayoría de la gente es sensata y permite la libertad porque entiende que su libertad también tiene que ser permitida por las demás personas, es decir, debe ser algo recíproco. Sin embargo, hay una minoría que no respeta los derechos y las libertades. Frente a esa minoría y esas actitudes nos tenemos que pertrechar de instrumentos que garanticen el desarrollo de políticas públicas en materia LGTBI para conseguir la visibilidad, la igualdad y la no discriminación de todas las personas.
Hoy es un día de alegría. Hoy celebramos con orgullo la aprobación de una ley que emana directamente de nuestra hermana mayor, la Constitución Española de 1978, una ley que no va absolutamente contra nadie sino a favor de todas las personas.
Blanca Fernández Morena es consejera de Igualdad y portavoz de Castilla-La Mancha
