Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado que algunas industrias del vino están obligando a los viticultores a firmar los contratos aceptando unos costes de producción que no son reales bajo la amenaza de no comprarles la uva, a pesar de que exista una ley que les debería amparar.
La Ley de la cadena alimentaria establece que los contratos alimentarios, además de la obligatoriedad de reflejar el precio de todos los pagos, deberán contener que el precio pactado entre el productor y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Sin embargo, “la realidad es que esto no está sucediendo, porque hay empresas que, para llevarse las uvas del agricultor, están exigiendo que firmen un papel estableciendo cuáles son sus costes e, incluso, haciéndolos entregar la uva sin precio” ha explicado el secretario general de la organización agraria, José María Fresneda.
En este sentido, Fresneda ha señalado que “no puede ser que todos los años ocurra lo mismo y que sea la industria que mueve el 15% del vino de la región la que marque las reglas de juego, cuando el 85% de la producción está en manos de las cooperativas”.
Por eso, ha afirmado que “la ley se vuelve en contra de los productores porque nunca estuvo cerca de ellos, y los que tienen que velar por su cumplimiento, las Administraciones, no lo están haciendo”. Así, ha continuado, “es imposible ofrecer garantías de seguridad al sector productor, porque una vez que los viticultores termina su trabajo, en el momento en el que descarga la uva, el resto de los eslabones de la cadena se ponen en modo estratégico para cuadrar sus cuentas, haciendo de la dificultad de unos, la oportunidad de otros, cosa que los agricultores no pueden hacer”.
En este sentido, ASAJA CLM ha afirmado que se dan las condiciones para que los precios tiendan al alza, puesto que las estimaciones apuntan a una importante reducción de cosecha de los principales países productores, como Francia, Italia o Portugal, así como en España y en Castilla-La Mancha que, según avanzan los días, se aprecia aún más la disminución de la producción.
También son favorables para los viticultores las condiciones de mercado, ya que se están registrando operaciones de países como Francia e Italia que están comprando con precios superiores a los del año pasado. Además, las existencias son las más bajas de la última década y ha crecido el consumo interno de España.
Por eso, el secretario general de la organización denuncia que “sabemos qué tipo de empresas ejercen esta mala praxis, e igual que las conocemos nosotros, las conoce la Administración y no hace nada por evitarlo”.
Así, ha vuelto a demandar un modelo de agricultura en la región con garantías para el sistema productivo y con seguridad jurídica para los productores porque, “después de ver las consecuencias de una pandemia y una guerra, nos debería de dar para pensar no solo a nosotros, sino también al Gobierno, que tenemos que encontrar un modelo productivo y cambiar la chapa en la solapa del objetivo 2030, ya que las circunstancias han cambiado dejando obsoletos muchos de sus principios”, ha concluido.
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