La Constitución Española, de la que hoy conmemoramos su 44 aniversario, es el núcleo sobre el que se articula todo nuestro sistema político y nuestro ordenamiento jurídico. En nuestra Carta Magna se reconocen los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como la organización institucional y territorial del Estado.
Llegadas estas fechas recobra siempre actualidad el debate sobre la conveniencia de su reforma: bien para plasmar nuevas realidades y sensibilidades sociales no previstas por el legislador en 1978, o bien para eliminar de su redacción términos inaceptables en una Constitución vigente en el siglo XXI.
Pero más allá de la conveniencia de una actualización formal con la inclusión de nuevos derechos sociales o de los consagrados por la actualidad en el Capítulo III, relativos a los principios rectores de la política social y económica, todos ellos impensables para los constituyentes de nuestra Norma Fundamental hace más de cuarenta años, existe una vía complementaria que nos permite garantizar que, los principios y valores constitucionales, se adaptan a la realidad y al contenido del modelo del Estado social y democrático de Derecho actual.
Me refiero a la garantía de los derechos fundamentales, sin los cuales, como refiere el artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, un Estado carece de Constitución.
Los derechos fundamentales son los más transcendentales para los ciudadanos porque giran sobre el reconocimiento de la dignidad de la persona. Su proyecto vital depende del reconocimiento de estos derechos y de su ejercicio en igualdad y libertad, sin que baste su mera declaración constitucional para garantizarlos.
Por ello, resulta fundamental la acción legislativa en la regulación de su ejercicio, bien a través de la aprobación de Leyes Orgánicas o de la legislación ordinaria, cumpliendo el Gobierno con el mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales y de garantizarlos como valores y bienes jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico.
A lo largo de esta Legislatura este Gobierno, junto a otras fuerzas progresistas, inspirado en la socialdemocracia como única respuesta eficaz a los retos que plantea una sociedad globalizada, se ha comprometido a impulsar el Estado del Bienestar y la cohesión social desde el principio de la sostenibilidad. Queremos seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria mediante la aprobación de leyes que amplían los derechos de ciudadanía.
Cumplimos el mandado constitucional y mantenemos viva nuestra Norma Fundamental cuando destinamos 6 de cada 10 euros del Estado a políticas sociales, una inversión sin precedentes en la historia de nuestro país.
Reforzamos nuestra Constitución cuando aprobamos la Ley General de Sanidad, recuperando el acceso universal y gratuito para todas las personas que viven en nuestro país, cuando pactamos una Reforma Laboral con más derechos para los trabajadores y trabajadoras, cuando garantizamos el poder adquisitivo de nuestros pensionistas o el acceso a la vivienda con el Plan Estatal de Vivienda, cuando aprobamos el Ingreso Mínimo Vital para las personas más vulnerables, cuando protegemos a las mujeres con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual o equiparamos derechos con la Ley del Matrimonio Igualitario o La Ley de Igualdad de Dependencia; porque ampliar derechos nos hace más fuertes como sociedad y revitaliza nuestra Carta Magna, la cual sitúa los derechos fundamentales de la persona en el centro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.
El Estado responde con su mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales, a través del poder legislativo, máxima expresión de la soberanía popular.
Por esta razón reniegan del espíritu del Pacto Constitucional del 78 quienes en las Cortes Generales dirigen su acción política a recortar o restringir derechos y más grave aún es su desobediencia constitucional, cuando, con excusas de todo tipo, se oponen a cumplir lo mandatado expresamente en nuestro ordenamiento constitucional.
El mejor servicio que se puede realizar para reivindicar la vigencia de nuestra Constitución en este XLIV aniversario, más allá de los vacíos golpes de pecho, es seguir transformando nuestra sociedad, avanzando en igualdad, libertad y solidaridad con la ampliación y consolidación de los derechos fundamentales que en ella se amparan.
Francisco Tierraseca Galdón es delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha
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