El derecho a una maternidad libre y responsable ha sido una constante en el movimiento feminista. Desde IU C-LM trabajamos y denunciamos la necesidad de que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fuera un derecho sin tutela y una opción que no pusiera en riesgo la vida de las mujeres ni sus proyectos vitales.
La Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, estipula claramente que la IVE es una prestación más del sistema sanitario público y está incluida en la cartera de servicios de las instituciones sanitarias.
La realidad en nuestra comunidad autónoma es muy diferente, según datos oficiales en las provincias de Toledo, Cuenca y Guadalajara no se ha llevado a cabo este procedimiento en los últimos cinco años pero consultando datos del Ministerio de Sanidad, se han realizado 3186 IVE en 2019, de las que solo 5 fueron en el sistema público; no podemos creer que solo hayan sido en Ciudad Real y Albacete. La letra pequeña nos indica la externalización del servicio derivando a clínicas privadas mayoritariamente en otras provincias e incluso otras comunidades mediante la utilización del argumento de la objeción de conciencia como impedimento para prestar el servicio en el sistema público.
El peregrinaje que las mujeres realizan entre provincias para poder ejercer sus derechos roza lo absurdo, aun existiendo clínicas autorizadas en su provincia, se ven obligadas a trasladarse a otros lugares de nuestra comunidad autónoma o muchas de ellas a Madrid.
Del informe anual del Ministerio de Sanidad se desprenden datos que evidencian el nulo interés del Gobierno autonómico por garantizar el ejercicio de un derecho en el servicio sanitario público.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha denuncia que esta situación que se da en nuestra comunidad vulnera los derechos de las mujeres que quieren abortar, ya que la ley recoge claramente que la prestación se debe de llevar a cabo de manera más favorable para la mujer y que la misma está incluida en la cartera de servicios de Castilla-La Mancha. Una visión patriarcal y misógina que pretende penalizar a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos.
El artículo 19 de la ley de salud sexual y reproductiva define claramente las condiciones para la objeción de conciencia de las y los profesionales implicados “el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”.
La objeción de conciencia institucional debe ser ilegal e inaplicable; hace falta una ley que clarifique bien, para que la objeción no pueda utilizarse para denegar la prestación; ni que en la mayoría de los hospitales la decisión sea tomada por los jefes de servicio.
El aborto es un derecho reconocido aunque no está normalizado como prestación sanitaria, al igual que cualquier otra, algo que no ayuda y ahonda en el estigma que también viven las y los profesionales que practican abortos.
IU C-LM quiere señalar también la falta de interés que se tiene en el ámbito sanitario sobre la propia IVE, falta de formación y prejuicios morales que se reproducen continuamente. No incluir la formación del personal sanitario en técnicas IVE en las facultades, supone que no se produzca reemplazo generacional de las y los profesionales. Su estigmatización hace que conocer métodos IVE no suma en la carrera, más bien todo lo contrario.
Es imprescindible garantizar la formación profesional en IVE y derechos sexuales y reproductivos en las facultades de medicina de manera que se normalice su consideración como una prestación sanitaria más y se eliminen los prejuicios que existen sobre este derecho.
De igual manera es imprescindible garantizar en todos los hospitales públicos el que haya profesionales y recursos para atender las demandas de las mujeres sobre interrupción voluntaria del embarazo.
La propia directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas señalo que “El aborto tiene que ser seguro y gratuito a través de la sanidad pública”. Mas allá de la necesaria reforma de la ley del 2010 anunciada por la directora del Instituto de Las Mujeres, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene las competencias trasferidas y tiene que garantizar ese derecho en nuestra comunidad, además de ir poniendo en marcha los mecanismos necesarios para que las mujeres de nuestra comunidad puedan ejercer un derecho reconocido hace 35 años pero que al día de hoy está muy lejos de ser efectivo.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha seguirá peleando y acompañando al movimiento feminista para que los derechos reconocidos en las leyes sean una realidad en nuestra comunidad autónoma, porque la sanidad pública necesita menos objetores y mas recursos.
