El pasado 17 de marzo el Ayuntamiento de San Clemente en su pagina web, colgaba el bando EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE PLAN – A/2/2022 >> 33. ACTA TRIBUNAL DE 17/03/2023 – PLAN DE EMPLEO CLM 2022. Este bando se podía descargar para consultar quienes eran los 25 beneficiados y beneficiadas del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades. Pero la falta de diligencia del consistorio sanclementino, publicó en el mismo bando, hasta tres nombres y apellidos e incluso DNI de personas en el apartado de violencia de género, lo mismo pasó con otras seis personas en el apartado de riesgo de exclusión social, y más de 120 datos personales como los DNI junto al nombre y los apellidos del resto de candidatos y candidatas, saltándose lo que dice la Disp. Adic.7 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -LOPD-. “En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.”.
Durante la tarde del día 18 de marzo yo mismo me percaté de todo ello al ir a comprobar mi posición para acceder a uno de los puestos de trabajo. Ante tal despropósito, empecé a contactar con otras personas, y nos empezamos a poner en contacto con los responsables del Ayuntamiento para que eliminaran los datos que habían hecho públicos, con el peligro para las mujeres victimas de violencia de genero que ello suponía, y el ataque a la dignidad de las personas en riesgo de exclusión, que además de tener que entrar en estas bolsas de trabajo con el estigma de pertenecer a ese colectivo, se añadía la situación de que se hiciera pública la misma, más en los entornos rurales donde estas cosas corren como la pólvora. Tras varias horas, el consistorio sanclementino retiró el bando y subió otro dónde ya se ocultaban los nombres y apellidos de las mujeres victimas de violencia de género y de las personas en riesgo de exclusión. A día de hoy, siguen estando todos los DNI junto con los nombres y apellidos en abierto en un bando anterior, haciendo caso omiso a la citada disposición adicional.
No son nuevas estas torpezas por parte de los responsables de este Ayuntamiento, ya en octubre del 2020, una concejal creaba un grupo en una de las aplicaciones de mensajería que tenemos en nuestros dispositivos móviles como Telegram, donde sin consultar previamente, se introducía a la gente en dicho grupo de forma indiscriminada. Más tarde, en noviembre del mismo año se publicaban en Facebook fotos con las recogidas de alimentos, donde se podía ver e identificar a diferentes personas del municipio acudiendo a recoger alimentos, algo que como ya se ha señalado, atenta contra la dignidad de las personas. En ambos casos, se solventó la cosa con la retirada de las fotografías y el compromiso de no volver a integrar a personas en esos grupos y listas de difusión sin un consentimiento previo. También se les informó de la posibilidad de que cuando intenten meter a gente en esos grupos, lo hagan mediante invitación o al menos, informando previamente.
La paradoja de la información y el manejo de los datos en el Ayuntameinto de San Clemente. Desde hace ya varios años vengo insistiendo en la apertura del Aula de la UNED en esta localidad, la cual se anunció en octubre del 2020 y a día de hoy, sigue en el mismo estado que antes del anuncio. En todo este tiempo se han mandado varios escritos al Ayuntamiento de San Clemente para que informe del estado del aula, también se les han enviado propuestas de mejora, tanto del mismo aula como de la Biblioteca Municipal; en ningún caso nadie del actual equipo de gobierno ha sido capaz de contestar ni una sola vez a ninguno de los escritos presentados. Todo esto me ha llevado a poner varias quejas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o ante el Defensor del Pueblo. En el primer caso está pendiente de emitir resolución al amparo del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, frente a la omisión de contestación del Ayuntamiento de San Clemente. Aunque la resolución está tardando más de la cuenta, porque el Ayuntamiento ni si quiera contesta a los requerimientos que se le vienen haciendo por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que este pueda emitir la nombrada resolución, obstaculizando la actividad normal de esta institución y, por lo tanto, degradando la misma. También he iniciado los trámites para llevar ante el Defensor del Pueblo este caso. Todo ello para defender mi Derecho a petición, consagrado como Derecho Fundamental en el artículo 29 de la Constitución Española, y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Lo mismo haré ante la Agencia de Protección de Datos. Y aquí está la paradoja, mientras no son capaces de cumplir con su deber de hacer respetar los derechos de los ciudadanos cuando se les pide información, ni tan si quiera cuando se la solicitan instituciones como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hacen público los datos e información que no deben y dejan a los ojos de todo el mundo nuestros datos más privados y personales, dañando nuestra dignidad. Esta dislexia administrativa, donde confunden la protección de datos con la transparencia y la transparencia con la protección, es temeraria en un caso, y despótica en el otro. En ambos casos, intolerable, por lo que los responsables políticos de las mismas, deberían rendir cuentas.
