Los poderes públicos de Castilla-La Mancha utilizan a la Unión Europea como coartada para adoptar decisiones que vulneran la igualdad, la democracia y el Estado de Derecho. En contra de los valores proclamados por Europa manejan de forma muy poco transparente la financiación europea.
Sus estrategias son: no pedir fondos europeos para proyectos a los que la comunidad tiene derecho; o bien, solicitar inversión europea para actuaciones que la ciudadanía no demanda.
La propuesta de cerrar el ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Valencia es un ejemplo de la estrategia “no pido fondos porque hago lo que me da la gana”. Siguiendo esta fórmula, los gobiernos del Estado y de la Junta de Comunidades se coordinaron para no pedir financiación europea para modernizar el tren regional.
La opción escogida implica despreciar las prioridades de inversión de la Comisión Europea y las recomendaciones frente al reto demográfico, de la propia Junta (noviembre 2020). Los que mandan descartan la financiación europea, porque pretenden desmantelar el tren y promover un pelotazo, a costa de los terrenos públicos de Renfe, aunque perjudiquen los intereses de las zonas despobladas y el futuro de Cuenca.
La otra estrategia, del “solicito fondos para hacer lo que me da la gana”, consiste en utilizar la financiación europea para emprender actuaciones que la ciudadanía no demanda, pero quienes detentan el poder tienen en ellas especial interés.
El ejemplo oportuno es el de los remontes mecánicos en el casco antiguo de Cuenca. La asociación de vecinos ha declarado reiteradamente que sus prioridades son limpieza, seguridad, transporte público, control del tráfico, aparcamientos y otras acciones, antes que los remontes (https://www.vocesdecuenca.com/opinion/el-estado-del-arte-en-el-casco-antiguo-a-dia-de-hoy/ ).
Sin embargo, prescindiendo absolutamente de la opinión ciudadana, en agosto del 2023 el vicepresidente Martínez Guijarro comunicó la decisión de que “la inversión de los remontes se financiaba íntegramente con fondos europeos” y serían unos 13 millones de euros. (https://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/obras-69385). En noviembre del 2023 se informa que el presupuesto ha pasado a ser de 15.069.067,62 de euros y tendrán que participar en la inversión la Junta y el Ayuntamiento, aunque cuenten con fondos del Plan de Resiliencia.
Pues bien, el día 2 de febrero, Tragsa ha comenzado las obras de los remontes sin que la asociación de vecinos del Casco Antiguo haya sido informada del proyecto, ni la Consejería de Cultura haya respondido por escrito, sobre cómo la obra afectará al patrimonio y a las viviendas.
A la vista de lo expuesto, cabría decir que amparándose en la Unión Europea el gobierno de Page puede hacer, eventualmente, lo que le da la gana. Estaría bien indagar qué instituciones, provincias, bancos, empresas y medios de comunicación se están beneficiando más, del reparto de los fondos de Resiliencia. En fin, lo lamentable es que la Junta utilice las inversiones europeas para corromper la participación y gobernar con escasa transparencia, en contra de la ciudadanía.
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