El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar ha acordado la apertura de juicio oral al ex alcalde socialista de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, así como a dos de sus concejales, Francisca Cebrián Navarro y Jesús García Sáiz, este último actual teniente de alcalde de la localidad bajo el mandato de la también socialista, Joaquina Sáiz. Los acusados se enfrentan, solicitado por la Fiscalía, a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando en la licitación de unas obras, los tres acusados no siguieron el procedimiento legal que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, “a pesar de su experiencia y a sabiendas”, según recoge la propia Fiscalía en su escrito.
El procedimiento judicial se iniciaba en abril de 2021, cuando el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento quintanareño, José Talaya, interponía una querella por un presunto delito de prevaricación contra los tres responsables socialistas.
El 14 de marzo del pasado año, el juez dictaba un auto en el que, después de practicar las diligencias oportunas del proceso, con las declaraciones de acusados, acusación y testigos, exponía que las actuaciones practicadas permitían presumir de forma indiciaria la comisión de un delito de prevaricación de los investigados (antigua figura de imputados) y daba traslado a la fiscalía y a la acusación particular para que procedieran a emitir el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral.
Ha sido finalmente este mes de junio, en concreto el pasado día 7, cuando el juez, visto el escrito de acusación de la Fiscalía, ha acordado la apertura de juicio oral contra los citados Martín Cebrián, ex alcalde de la localidad de 2007 a 2015 y durante la pasada legislatura, es decir, de 2019 a 2023 y también contra los concejales Francisca Cebrián y Jesús García por el delito de prevaricación, declarando como órgano competente para juzgar la causa a la Audiencia Provincial de Cuenca.
La querella que interpuso el ex portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Talaya, fue debida a la ilegal forma en la que se adjudicó y ejecutó un concurso público cuyo objeto era un contrato mixto de suministros y obras para la dotación de instalaciones complementarias en un auditorio multiusos. El representante del PP alertó de que el entonces alcalde y sus dos concejales “se saltaron toda la normativa legal de la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación y ejecución de esa obra fue la gota que colmó el vaso de una forma de gobernar autoritaria, pasando por encima de la Ley. El escrito de acusación de la Fiscalía corrobora todos y cada una de las presuntas ilegalidades reflejadas en la interposición de la querella”, señala Talaya.
“Aunque la justicia es lenta, al final llega y este asunto debe ser un punto de inflexión en la manera de gobernar en Quintanar. Nadie está por encima de la ley y los gobernantes públicos deben ser ejemplo para la ciudadanía. En el caso que nos atañe, pese a haber transcurrido ya tres años, la justicia pondrá las cosas en su sitio”, ha señalado Talaya, quien ha querido hacer hincapié en que “el concejal imputado Jesús García Saiz, que todavía ejerce como tal en el ayuntamiento, debería dejar su acta de inmediato en base al propio código ético de su partido, el PSOE”, ha concluido.
REACCIÓN DEL PSOE
El PSOE de Quintanar del Rey pide respeto a los procesos judiciales y alerta de que el PP ha violado la Ley de Protección de Datos.
El PSOE de Quintanar del Rey acusa al PP de buscar “ruido político” y pide respeto ante un proceso judicial que está transcurriendo con “total normalidad” y en el que, por ahora, nadie ha sido condenado.
El PSOE de Quintanar del Rey ha pedido al Partido Popular respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia. Lo hace tras la publicación por parte del PP de una nota de prensa en la que se ofrece información sobre un proceso judicial que afecta a tres personas vinculadas al PSOE, de las que se dan datos de carácter personal.
Este hecho podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, tal y como confirman los servicios jurídicos del partido socialista, ya que dos de estas personas no ostentan ningún cargo público en la actualidad.
El trámite de apertura de juicio oral supone que toda la documentación recabada se verá delante del juez para comprobar si ha existido o no ha existido delito, es un procedimiento habitual de la justicia, y debe respetarse hasta que finalice y exista una sentencia firme.
Mientras tanto, desde el PSOE piden a los dirigentes populares que “dejen de hacer juicios públicos y de emitir sus propias sentencias por adelantado” porque con este tipo de actuaciones, demuestran, una vez más que “les interesa más el ruido mediático, que hacer justicia”.
El PSOE no contempla tomar ningún tipo de medida contra las personas que se encuentran inmersas en este procedimiento judicial, puesto que “no han sido juzgadas y por ahora no son culpables de ningún delito”.
Confían plenamente en la justicia y apelan a la presunción de inocencia porque “se trata de tres personas que han trabajado por su pueblo durante muchos años”.
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