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Castilla-La Mancha recibirá 2,3 millones de euros para cohesión territorial

La Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y a la que han asistido representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas, ha aprobado por unanimidad este martes el reparto del Fondo de Cohesión Territorial (FCT) para 2024, en el que a Castilla-La Mancha le han correspondido 2,3 millones de euros.

Tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el Fondo estará dotado con 20,2 millones de euros. Este presupuesto, que se repartirá entre las distintas comunidades y ciudades autónomas atendiendo a criterios de densidad de población, económicos y sociales, financiará proyectos que generen oportunidades de desarrollo económico y social, consolidando la cohesión territorial.

“Con la aprobación del reparto del Fondo lo que hacemos es dar continuidad al trabajo que se ha venido realizando, con un espíritu de colaboración muy importante, entre los distintos niveles de la administración”, ha subrayado la vicepresidenta. “Así, se consolidan los fondos destinados a incentivar proyectos innovadores que buscan nuevas maneras de resolver algunos problemas que no encajar en las políticas y las competencias tradicionales de las comunidades autónomas, y que nos están sirviendo para aprender y poner en valor muchas de las iniciativas enormemente innovadoras que se están desarrollando en los territorios”, ha defendido Ribera.

DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN LOS TERRITORIOS

El FCT, dotado en 2024 con 20,2 millones, se configura como una herramienta fundamental para articular de manera transversal una política de cohesión socio-territorial centrada en el reequilibrio de derechos y oportunidades de la ciudadanía.

Así pues, el objetivo de este Fondo es impulsar un modelo territorial policéntrico, fomentando un desarrollo local social, económico y medioambiental, integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus propias potencialidades.

Con este fin, las acciones e iniciativas seleccionadas por las comunidades autónomas deberán cumplir, simultáneamente, varios objetivos:

  • Promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial, más integrado, equitativo e inclusivo.
  • Abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios públicos (sanitarios, educativos, habitacionales o relativos a la movilidad y la conectividad territorial).
  • Promover medidas de ordenación del territorio con el fin de incentivar la actividad económica en zonas en situación de declive demográfico.
  • Garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia.

Este Fondo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se articuló por primera vez en el reparto de fondos de 2022. Desde 2021 se han distribuido en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico 176 millones –67 millones con cargo a los PGE en el periodo 2021-2024 y 109 millones del Plan de Recuperación en los ejercicios 2022 y 2023–.

En todos los ejercicios la distribución se ha aprobado por unanimidad de forma MITECO y las comunidades autónomas, atendiendo a criterios de densidad de población, económicos y sociales. En esta ocasión, el reparto acordado se producirá de la siguiente manera:

IMPULSO AL DESARROLLO LOCAL DE 6.700 MUNICIPIOS

La complejidad de la problemática relativa a la despoblación del territorio hace que su tratamiento requiera que las políticas públicas destinadas a abordar las necesidades derivadas de la desigualdad social y su distribución territorial tengan como objetivo irrenunciable el fomento de la actividad económica.

El FTC, que podrá beneficiar a más de nueve millones de españoles residentes en 6.724 municipios, busca mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de toda la población, así como reducir la brecha territorial, a través de la financiación de proyectos tractores que fomenten el desarrollo económico y social en municipios menores de 20.000 habitantes fuera de las Áreas Urbanas Funcionales.

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